En la última década, América Latina y el Caribe han transitado un escenario profundamente transformado por la digitalización. Internet, la Inteligencia Artificial (IA) y la expansión de datos abiertos han modificado no solo nuestras economías, sino también nuestros arreglos institucionales, con implicaciones directas sobre los derechos humanos, la inclusión social y la forma en que entendemos el desarrollo. Frente a este panorama, urge repensar la gobernanza tecnológica de la región con enfoques más democráticos, inclusivos y con plena conciencia de los riesgos asociados.
Este número de la Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital (RLESD) —coordinado en colaboración con ILDA y Derechos Digitales en el marco de la red Digital for Development (D4D)— se propone explorar justamente esos desafíos. ¿Cómo diseñar políticas digitales capaces de cerrar brechas sociales en lugar de profundizarlas? ¿Qué marcos legales, éticos y de participación se requieren para garantizar que la revolución digital no sacrifique derechos fundamentales? ¿Cómo asegurar que la voz de los sectores históricamente marginados tenga peso en la definición del futuro tecnológico de la región?
Las contribuciones reunidas en este número se enfocan en estos dilemas con una perspectiva crítica y propositiva. Cada artículo, desde distintas disciplinas y contextos nacionales, ofrece pistas para entender los efectos de las tecnologías emergentes y el rol que deben asumir tanto los Estados como la sociedad civil para moldearlas con justicia social y enfoque de derechos.
Abrimos este recorrido con el artículo de Darwin Quevedo, quien analiza el potencial transformador de la IA en el sistema educativo latinoamericano. Su trabajo plantea que la tecnología, lejos de ser neutral, debe ser diseñada e implementada con criterios de equidad y justicia, especialmente en regiones marcadas por desigualdades estructurales. Quevedo sugiere una hoja de ruta para integrar la IA en la educación con políticas públicas robustas y formación docente centrada en la inclusión.
La cuestión de género y violencia digital es abordada por Cecilia Soto, quien ofrece un panorama comparativo de las legislaciones frente a la violencia de género facilitada por tecnologías en países como México, Argentina, Chile, Bolivia y Centroamérica. Su análisis revela avances importantes —como la Ley Olimpia en México— pero también destaca la urgencia de lograr definiciones más claras y marcos legales regionales que no revictimicen a quienes denuncian.
Esta preocupación se profundiza en el artículo de Karen Vergara Sánchez, quien introduce el concepto de wokefishing como una nueva forma de violencia de género digital en Chile. A través de estudios de caso, el artículo muestra cómo prácticas que aparentan afinidad ideológica son instrumentalizadas para ejercer violencia, evidenciando vacíos legislativos y la necesidad de enfoques preventivos que incluyan educación sexual integral y alfabetización digital con enfoque de género.
El foco luego se desplaza hacia las personas mayores, grupo usualmente invisibilizado en el diseño de políticas digitales. En su artículo, Emerson Edenilson Contreras Reyes analiza los obstáculos económicos, funcionales y culturales que enfrentan las personas mayores para acceder y utilizar las TIC en El Salvador. Su estudio enfatiza la importancia de promover una alfabetización mediática e informacional a lo largo de todo el ciclo de vida, cuestionando la idea de que la inclusión digital es únicamente una cuestión de acceso.
La dimensión migratoria de la gobernanza de datos es explorada por Daiana Yovan, quien advierte sobre los riesgos que conlleva el uso de datos migratorios con fines de control y criminalización. Desde una perspectiva de derechos humanos, propone mecanismos de protección como los “cortafuegos” para asegurar que la información recolectada por los Estados no sea utilizada en detrimento de las personas migrantes, particularmente aquellas en situación irregular.
Desde otra arista, Sebastián Benítez Larghi analiza la desigualdad digital en asentamientos urbanos informales de Buenos Aires, Ciudad de México y San Pablo. Su investigación cualitativa visibiliza las estrategias desarrolladas por habitantes de barrios vulnerables para superar los retos de uso y aprovechamiento de conectividad, y revela cómo las brechas digitales no solo son de acceso, sino también de apropiación, reconocimiento y valor simbólico. El artículo invita a pensar la política digital desde las experiencias concretas de quienes habitan territorios históricamente excluidos.
Finalmente, Juan Manuel García examina el uso de sistemas de IA en el sector público y cómo estos afectan el derecho de acceso a la información. Su trabajo evidencia opacidad institucional, barreras estructurales y vacíos normativos en el uso de tecnologías algorítmicas por parte del Estado. A través de casos y estrategias desplegadas por la sociedad civil, el artículo aporta claves para repensar la transparencia y el control democrático en tiempos de automatización.
En conjunto, este número especial propone una mirada crítica sobre los desafíos de la gobernanza digital en América Latina y el Caribe. Lejos de entender la tecnología como un fin en sí mismo, los artículos aquí reunidos reafirman la necesidad de abordarla como un terreno de disputa en política pública, donde se define quién accede a qué derechos, bajo qué condiciones y con qué participación. Celebramos este diálogo colectivo y esperamos que las reflexiones aquí contenidas contribuyan a fortalecer un modelo de desarrollo digital justo, inclusivo y democrático para nuestra región.
