Wokefishing en Chile: Una nueva forma de persecución política y violencia de género facilitada por tecnologías

Introducción

Para el sitio web About Words from Cambridge Dictionary, el neologismo digital wokefishing se utiliza para denominar a las personas que fingen preocuparse por problemas como el racismo, el machismo o la desigualdad, para posteriormente realizar diversas acciones, entre ellas entablar una conversación digital, sostener un encuentro afectivo y/o sexual, o incluso estafar. “Estos camaleones modernos dirán cualquier cosa para hacerte creer que son lo más progresistas posible” (Cambridge Dictionary Blog, 2023). Si bien el término no está reconocido oficialmente, y por lo mismo aún no tiene traducción al español, la periodista Serena Smith, en el año 2020, fue una de las primeras personas en escribir sobre este fenómeno, en una publicación digital de la revista VICE:

“«Wokefishing», en pocas palabras, es cuando la gente se hace pasar por una persona con opiniones políticas progresistas para atrapar a posibles parejas. Al principio, un wokefish puede presentarse como una persona que asiste a protestas, es sexo-positiva, antirracista, feminista interseccional, bebe leche de avena de origen ético y ha leído dos veces el catálogo completo de Audre Lorde (…) Pero son todo lo contrario en su vida personal. Es algo así como el catfishing, pero específicamente con creencias políticas”. (Smith, 2020)

La importancia de abordar este término se sustenta en una serie de casos documentados por la ONG Amaranta a través de su línea de ayuda para violencias digitales en el año 2020, en la que recibieron denuncias por parte de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ expuestas en cuentas de Instagram dedicadas a publicar información sensible de activistas progresistas, poniendo en riesgo su seguridad y buscando silenciar sus voces de internet a través de la reproducción de discursos de odio, morbo y una búsqueda de disciplinamiento de sus cuerpos mediante el señalamiento público. 

En los últimos siete años se ha incrementado la polarización política y social en Chile, dando lugar a nuevas formas de intimidación, desinformación y promoción de la violencia de género facilitada por la tecnología. “Por lo general, las mujeres y diversidades son atacadas por escribir sobre temáticas consideradas ‘de hombres’ (política, videojuegos, deportes) o por hablar de los derechos de las mujeres, feminismo, la comunidad LGBTIQ+ o la denuncia del machismo en la sociedad (Ananías y Vergara, 2019). Esta situación subraya la urgencia de implementar medidas de protección robustas y de fomentar un entorno digital seguro, donde las denuncias de violencia digital puedan ser atendidas de manera efectiva y sin prejuicios, para salvaguardar la integridad y libertad de expresión de las personas afectadas.

Contexto histórico de los ataques

Tras la revuelta social ocurrida en Chile entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, las fuerzas políticas presentes en el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas se abrieron a la posibilidad de cambiar la Constitución chilena escrita en tiempos de dictadura, como una forma de catalizar las demandas y protestas sociales. Algunas de estas demandas hacían énfasis en la importancia de una educación gratuita, un sistema previsional no privatizado, el alto costo de vida, etcétera. Con una campaña marcada por la desigualdad de los recursos económicos empleados, la votación “Apruebo nueva Constitución” versus “Rechazo nueva Constitución” suscitó una gran efervescencia política y se transformó en una bandera identitaria de las personas en Internet, y las etiquetas #apruebo o #rechazo eran parte de las biografías en redes sociales y campañas virales. Las personas salieron a buscar el voto a voto en la calle, en sus comunidades y por supuesto, en Internet, situación que se acrecentó debido a que el país todavía se encontraba en confinamiento por la crisis del COVID-19. 

“Apruebo” y ”Rechazo” se transformaron en una identidad que permeó también en la participación digital. No podemos pasar por alto que Chile es uno de los países con mayor cantidad de conexiones a Internet y dispositivos electrónicos del continente (Subtel, 2023). Así, se organizaron comandos populares progresistas a través de Internet para difundir el proceso, encabezados por profesionales del diseño, las comunicaciones y las artes. Bajo el hashtag #Apruebo, se buscaba crear un relato emotivo que conectara a la comunidad con el proceso en ciernes: la posibilidad de cambiar la Constitución de Augusto Pinochet. 

El primer ataque documentado ocurrió en julio de 2020, tres meses antes del plebiscito de entrada. Veinte mujeres despertaron con cientos de notificaciones en sus redes sociales: sus perfiles privados habían sido vinculados a una cuenta de Instagram que exponía íntimamente a mujeres de distintas partes de Chile. Los sujetos habían publicado fotografías de ellas semidesnudas, instando a su comunidad a dejarles mensajes agresivos, amenazas y hacerles comentarios humillantes sobre sus cuerpos. Todas las imágenes habían sido sustraídas de sus propias cuentas, o fueron enviadas consentidamente en la fase de flirteo. Sin embargo, fueron descontextualizadas del espacio en el que originalmente habían sido compartidas. Los sujetos, además, etiquetaban sus lugares de trabajo o indicaban cómo buscarlas en LinkedIn, haciendo énfasis en que eran “mujeres de izquierda buscando sexo”. La mayoría de las víctimas, entre 18 y 30 años, manifestaron tener dos puntos en común: eran usuarias de Tinder y tenían puesto el hashtag #Apruebo en sus biografías (Vergara, 2023).

El segundo ataque, registrado en septiembre de 2020, mostró un patrón similar al anterior. En esta ocasión, 17 mujeres cis y trans denunciaron su exposición en una cuenta dedicada a la difusión de datos personales e imágenes íntimas. Este ataque se centró especialmente en profesionales con cargos de relevancia pública, como voceras de partidos políticos de izquierda, periodistas e integrantes de movimientos estudiantiles. En ambos incidentes, el objetivo era imponer una marca moral sobre las víctimas, sometiéndolas al escrutinio público. Los sujetos que comentaban en las publicaciones se enfocaron en clasificar a las víctimas según criterios denigrantes, por ejemplo, calificando cada parte de sus cuerpos, si eran “follables” o no, y si alguien pagaría para estar con ellas. También se alentaba a etiquetar sus lugares de trabajo o militancia para generar una marca moral y exponerlas.

En el informe Violencia política, sexual y digital en Chile: contexto, orígenes y nuevas manifestaciones, de mi autoría y publicado por la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina en 2023, se señala que las víctimas habían interactuado durante semanas con estos hombres en Tinder. Estos individuos se presentaban como activistas de izquierda con posturas feministas, y utilizaban el hashtag #Apruebo en sus perfiles. Tras establecer una falsa confianza y compartir información personal, como números de teléfono, cuentas de Instagram e imágenes íntimas, y en algunos casos, tras sostener relaciones sexuales, las víctimas fueron bloqueadas por estos individuos, y a los pocos días sus identidades fueron divulgadas en esta cuenta de instagram que funcionaba como un repositorio digital de las mujeres y diversidades de las cuales obtuvieron información.

A pesar de que las víctimas y su entornos cercanos generaron reportes inmediatos de este hecho a través de los canales oficiales de denuncia de Instagram, se necesitaron varios días y la mediación de diversas organizaciones como ONG Amaranta para establecer contacto directo con el equipo de seguridad digital de Meta para transmitirles la gravedad de los hechos. Esta demora amplificó lo ocurrido, ya que en tres días de circulación la cuenta ya había llegado a miles de personas, y su contenido se había replicado en otros foros machistas y canales de Telegram que tenían los mismos fines de exposición y amedrentamiento. El objetivo había sido cumplido: las jóvenes se encontraban asustadas, inseguras y habían sido expuestas en sus trabajos. El ataque había pasado a ser también moral. La idea era que la misma sociedad las recriminara por exponer su sexualidad en internet. 

Una marca moral sobre el cuerpo de las mujeres

La autora Mary Jordano (2018) afirma que atacar la reputación de una persona a través de la exposición de su propio cuerpo e identidad causa daños íntimos, emocionales y sociales. Esto dialoga con lo que Rita Segato llama “la marca en el cuerpo de las mujeres”. Si bien una mujer puede recibir estos ataques en solitario, las repercusiones afectan a toda una comunidad. En este caso se ejerce la marca del control territorial, en este caso, en el espacio digital, “…la dominación sexual tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico sino también moral de la víctima y sus asociados. La reducción moral es un requisito para que la dominación se consume y la sexualidad, en el mundo que conocemos, está impregnada de moralidad” (Segato, 2013). 

El wokefishing, entonces, no solo busca dañar individualmente a las mujeres, sino que también actúa como un mecanismo de control colectivo, afectando a toda una comunidad al reforzar normas patriarcales y mantener a las mujeres y a las personas LGTBIQ+ en un estado de vulnerabilidad constante. Esta forma de violencia se convierte en una herramienta para perpetuar el control social y moral sobre los cuerpos e identidades, extendiendo sus efectos más allá del ámbito privado y personal hacia el colectivo, subrayando la necesidad urgente de una respuesta integral que aborde tanto el daño individual como su impacto en el tejido social, ya que la desconfianza y el temor se apropian de la experiencia de habitar Internet, impidiendo que volvamos a encontrarnos con el placer, desarrollar nuevos vínculos o que queramos seguir participando de un espacio donde constantemente se nos va a volver a recordar lo que alguna vez vivimos. 

“El impacto es inmediato y también potencialmente tiene efectos a largo plazo (por ejemplo, las interacciones sociales en el futuro de la víctima pueden verse afectadas en tanto las imágenes pueden ser descubiertas por nuevos conocidos). Así, por más que el perpetrador enfrente responsabilidades penales, la víctima podría ser perpetuamente avergonzada por cualquiera que esté dispuesto a buscar y ver el contenido”.  (Peña y Vera, 2018)

Las mujeres en política y las periodistas enfrentan una creciente amenaza de violencia de género digital, exacerbada por fenómenos como el wokefishing, recordemos que habían varias periodistas incluidas en este repositorio de mujeres progresistas. Este tipo de acoso se enmarca en una estrategia más amplia de intimidación, como se menciona en el estudio Ser periodista en Twitter: Violencia de Género Digital en América Latina: 

“Muchos de los ataques en contra de periodistas, además de usar expresiones sexistas, estuvieron acompañados de hashtags o etiquetas que incluían el nombre o el apellido de las mujeres atacadas, lo que podría suponer una estrategia de redada para callarlas o amedrentarlas. Con el objetivo de profundizar en este tipo de acoso en línea y observando el uso de etiquetas como una forma de troleo o de deseo de generar rabia, molestia o emociones negativas a través de la producción y puesta en circulación de mensajes incendiarios u otros mecanismos”  (Cuellar y Chaher, 2020)

Esta violencia digital está profundamente enraizada en una cultura de sesgos sexistas, la cual se ve agravada por la falta de una educación sexual integral (ESI). En Chile, la ESI no está consagrada como un derecho, lo que perpetúa estereotipos sexistas y contribuye a la cultura de la violación. Este concepto, desarrollado en los años 70, se refiere a un conjunto de actitudes y creencias que normalizan y minimizan la violencia sexual, perpetuando así la impunidad de los agresores.

“En Marshall University Women’s Center se describe la cultura de la violación como un entorno en el que “la violación ostenta una posición preponderante y en el cual la violencia sexual infligida contra la mujer se naturaliza y encuentra justificación tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular. Se perpetúa mediante el uso del lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de la mujer y el embellecimiento de la violencia sexual” (Saray, 2018)

Este contexto cultural refuerza la marca moral impuesta sobre el cuerpo de las mujeres, exacerbando las consecuencias de la violencia digital y sexual. En este entorno, la violencia sexual se convierte en algo habitual y aceptado, y la culpa recae sobre las mujeres por sus acciones o comportamientos. En la actualidad, diversas autoras señalan que vivimos bajo un modelo sexual hegemónico que, aunque aparentemente igual para hombres y mujeres, en realidad discrimina a estas últimas cuando se comportan de manera similar a sus colegas masculinos. En otras palabras, cuando las mujeres exploran su sexualidad con libertad, a menudo son juzgadas negativamente y etiquetadas como “putas” por no ajustarse al rol pasivo que se espera de ellas (Saray, 2018).

Hasta la fecha, es común observar una tendencia a culpar a las mujeres por “exponerse a la violación”. Esto incluye críticas hacia la ropa que llevan, su comportamiento en lugares públicos o el consumo de alcohol, en lugar de responsabilizar al violador. En Internet esta experiencia es similar, en donde las víctimas que han vivido la difusión de sus fotografías o vídeos íntimos señalan abiertamente que viven estos procesos en solitario, debido al miedo que su entorno las juzgue, las intente confrontar con sus agresores o que sean señaladas constantemente por sus actos (ONG Amaranta, 2020). En Argentina, donde la ESI sí está consagrada, en el año 2022 se señala la importancia de agregar a su entrega la perspectiva del espacio digital, como un lugar donde también se pueden replicar violencias:

“Resulta imprescindible que dentro de los núcleos de aprendizaje prioritarios se incluyan diferentes temáticas que permitan a lxs niñxs y adolescentes entender cómo habitar el espacio y desarrollar estrategias para su bienestar digital y para la desconexión. Como mencionamos, tanto niñxs como adolescentes construyen vínculos sexo-afectivos en línea y desde la perspectiva de la ESI, lxs docentes —en tanto agentes del Estado—, deben propiciar el diálogo en torno a estos vínculos mediados por tecnologías digitales y sobre cómo se expresan las emociones en Internet. Además, en ese mismo espacio digital, suceden (y se replican) diversas brechas que es importante identificar para no naturalizar (de acceso, de uso y de permanencia en línea) y una gran cantidad de prácticas que son consideradas violencias de género digital, por cómo afectan a mujeres e identidades del colectivo LGTBIQ+”. (Fainboim et al., 2022)

La falta de Educación Sexual Integral (ESI) en Chile ha tenido múltiples repercusiones, generando un entorno donde las y los docentes carecen de formación en estos temas y tienen concepciones erróneas sobre el feminismo, la salud sexual y la violencia de género. Estos educadores y educadoras a menudo muestran desconocimiento sobre conceptos fundamentales como “educación sexual”, “violencia de género” y términos vinculados a la comunidad LGBTIQ+. Como resultado, las estudiantes han experimentado slut-shaming, que implica la culpabilización y humillación hacia las mujeres por sus comportamientos o deseos sexuales no convencionales. Muchas de ellas han sido atacadas y menospreciadas simplemente por vivir su sexualidad (Amaranta, 2024). El slut shaming en este caso sienta un precedente claro. Ya desde la adolescencia existe la crítica hacia cómo viven las mujeres su sexualidad, se busca amedrentarlas y exponerlas por ello. Estas son parte de las primeras experiencias violentas a las que se enfrentan las jóvenes en redes sociales.

Este tipo de ataques, principalmente ligados a exponer y vulnerar de forma íntima a mujeres y diversidades sexo-genéricas que habitan Internet, tiene como propósito restarlas del espacio digital, haciéndolas sentir humilladas y avergonzadas, acallando sus voces y por sobre todo, buscando generar disciplinamiento sobre sus cuerpos, fenómeno que se repite a través del tiempo y la historia. De Casas, Parejo y Vizcaíno (2022) identificaron una serie de categorías presentes en las ciberamenazas más frecuentes a la comunidad LGTBIQ+. Entre ellas, ya surgía el término wokefishing, principalmente ligado a amenazar y extorsionar:

“En primer lugar, tenemos: (a) La sextorsión, que exige una gran cantidad de dinero para no difundir contenido íntimo al público. En segundo lugar, (b) El ciberacoso LGTBfóbico, considerado la amenaza más frecuente a través de comentarios negativos sobre la orientación sexual de una persona. En tercer lugar, (c) El fraping, que es la creación de un perfil falso para suplantar la identidad de alguien. En cuarto lugar, (d) El wokefishing, que es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para crear perfiles falsos simulando tener una posición ideológica afín a un colectivo o movimiento social. Sin embargo, son individuos despiadados que engañan a la población más joven con el objetivo de robar, amenazar o extorsionar. Por último, (e) El mobbing. Este tipo de acoso también se produce en el entorno digital, provocando actitudes hostiles permanentes hacia las personas por su orientación sexual”  (Europapress, 2022).

Como lo indica la variable (d), nos damos cuenta que el wokefishing también puede tener otros fines, donde más allá de exponer sexual y moralmente a mujeres y diversidades, puede transformarse en un tipo de violencia con consecuencias criminales. Recientemente en la comuna de Los Ángeles, en Chile, la Policía de Investigaciones desbarató una banda criminal dedicada a secuestros y extorsión de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Los atacantes utilizaron aplicaciones de citas para concertar encuentros con sus víctimas. Una vez establecido el contacto, las sometían a violencia sexual y las mantenían cautivas durante 24 horas (Sabes.cl, 2024). La jefa de la Región Policial del Biobío, Claudia Chamorro, explicó que la banda estaba compuesta por cuatro sujetos que, tras captar a sus víctimas, las trasladaban a una residencia donde se les mantenía bajo custodia forzada. Durante este tiempo, además de los abusos sexuales, las obligaban a entregar sus claves bancarias y se apoderaban de otras pertenencias. 

De esta forma, podemos considerar que el wokefishing puede evolucionar hacia otras formas de violencia digital con consecuencias criminales graves, especialmente cuando se combina con otros tipos de abusos y delitos como los descritos en este caso. Por lo tanto, es imperativo que las políticas y leyes contemplen las diversas formas de violencia digital y criminal que pueden surgir en el entorno digital. Esto permitirá una protección más integral y efectiva para las víctimas de cualquier forma de abuso en línea. El informe Chile y la violencia de género en Internet, publicado por ONG Amaranta en el año 2020, ya revelaba que un 73,8% de las mujeres cis, trans y personas no binarias encuestadas habían vivido algún tipo de violencia digital. 

Las experiencias que más se repitieron fueron el acoso digital, la usurpación de identidad, la difamación, las amenazas, la pérdida de acceso a sus cuentas y el envío de imágenes o vídeos sexuales sin consentimiento. Al preguntarle a las afectadas sobre el impacto de estos ataques, la mayoría respondió que estos les afectaron emocionalmente, les hicieron sentirse vigiladas e inseguras, y alteraron su autoestima y percepción de sus cuerpos, haciéndolas sentir incómodas con seguir habitando Internet, ya que la mayoría cerró sus cuentas o dejó de participar en comandos, colectivas y otras agrupaciones de Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, y/o movimientos feministas que tuvieran presencia en redes sociales.

El año 2023, la Consulta Ciudadana Virtual sobre Violencia Digital, de la Subsecretaría del Interior en Chile, corrobora además que el 92% de las personas que se reconocen como activistas en temas de género y/o LGBTIQA+, consideran que las personas solo por el hecho de ser activistas y/o referentes en temas de género o de la comunidad LGBTIQA+ se encuentran más expuestas a sufrir violencia digital, y que las redes sociales es donde más sufren discriminación y violencia (91%). 

Aspectos jurídicos de la Violencia Digital de Género 

Si bien desde 2012 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que los derechos de las personas deben ser igualmente protegidos en el entorno digital, así como lo son en el mundo físico (Lanza, 2017), en Chile la falta de una legislación específica sobre violencia digital presenta un desafío significativo para la protección de las víctimas. La ausencia de normativas detalladas obliga a las personas afectadas a recurrir a mecanismos conexos que, frecuentemente, demuestran ser inadecuados para abordar de manera efectiva la violencia digital. Las víctimas suelen optar por acciones de protección por vulneración de derechos fundamentales, un procedimiento que, aunque útil, no siempre resulta ser el más apropiado para enfrentar las particularidades de la violencia digital. 

En el ámbito internacional, la Convención de Belém do Pará, ratificada en Chile desde el año 1998, no ofrece una definición específica de violencia digital. Sin embargo, su artículo 1° proporciona una definición amplia de violencia que incluye todas las formas de violencia contra las mujeres. Este instrumento presenta un potencial transformador al abordar la violencia de manera general, lo cual podría servir de base para enfrentar las formas emergentes de violencia digital. El Mecanismo de Seguimiento de esta Convención, en su informe sobre ciberviolencia y ciberacoso contra mujeres y niñas (2022), amplía esta perspectiva al definir la ciberviolencia como cualquier conducta basada en el género que causa daño en cualquier ámbito de la vida de las mujeres, facilitada por tecnologías de información y comunicación.

En respuesta a la falta de legislación específica en Chile, el 1 de diciembre de 2020 se presentó un proyecto de Ley (Boletín 13928-07) que tiene como objetivo “proscribir, tipificar y sancionar la violencia digital en sus diversas formas y otorgar protección a las víctimas”. Este proyecto, que ha sido impulsado por organizaciones como ONG Amaranta, ha atravesado varias modificaciones durante su tramitación legislativa y se encuentra en segundo trámite constitucional desde el 8 de julio de 2023. La propuesta de Ley introduce modificaciones al Código Penal para abordar comportamientos como la exhibición de imágenes sexuales sin consentimiento, la difusión de imágenes íntimas, el hostigamiento digital, el envío de registros sexuales no solicitados y la difusión de datos personales con fines de localización. Además, establece agravantes para aumentar la gravedad de ciertos delitos. 

A pesar de la expectativa en torno a la aprobación de esta legislación, Chile cuenta con algunas leyes vigentes que abordan algunos aspectos relacionados con la violencia digital, las cuales son poco identificadas a nivel general, lo que impide su aplicación. La Ley Nº 20.536, por ejemplo, regula la violencia escolar e incluye el acoso escolar por medios tecnológicos, permitiendo la creación de un Consejo Escolar para promover la buena convivencia. La Ley de Violencia Intrafamiliar no especifica los medios a través de los cuales se ejerce la violencia, pero ha sido aplicada para condenar amenazas e intimidación a través de correos electrónicos. Por su parte, la Ley 21.642 o “Ley Karin”, recientemente promulgada el año 2024, modifica el Código del Trabajo para incluir el acoso laboral y sexual realizado por medios tecnológicos. Finalmente, la Ley 21.369 regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, contemplando comportamientos de connotación sexual virtuales, aunque enfrenta desafíos al investigar ataques anónimos o no verificables.

En general, las mujeres y comunidad LGBTIQ+, al denunciar violencia digital, se enfrentan a un relato común que pone de manifiesto serias deficiencias en el sistema de justicia. A menudo, la efectividad de sus denuncias está directamente condicionada por el nivel de conocimiento y sensibilidad que el o la profesional a cargo posea en relación con estas temáticas. En instituciones como Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros se repiten frecuentemente las mismas situaciones problemáticas: muchas veces, las denuncias son redirigidas a otras instituciones sin una resolución efectiva, o se les informa a las víctimas que hay poco que se pueda hacer en sus casos, sugiriendo que desistan de seguir adelante con el proceso. 

Esta falta de apoyo y de acciones concretas por parte de las autoridades contribuye a la desconfianza y al desaliento de las víctimas, quienes se sienten desamparadas en su búsqueda de justicia. La falta de un protocolo claro y de formación especializada en violencia digital entre los operadores judiciales y policiales agrava aún más la situación, subrayando la necesidad urgente de una reforma integral en el abordaje de estas denuncias y un diálogo entre instituciones que evite la revictimización a la hora de solicitar orientación y apoyo judicial para llevar adelante sus casos.

Conclusiones

El wokefishing se configura como un fenómeno que explota las luchas y vulnerabilidades de las mujeres y diversidades, presentando un nuevo frente en la disputa por sus cuerpos e identidades. Este concepto refleja cómo una cultura que promueve la manipulación y el engaño utiliza la identidad progresista como una herramienta de disciplinamiento y control en el entorno digital. Este comportamiento es particularmente dañino porque no sólo traiciona la confianza personal, sino que también desacredita las luchas por la equidad y la justicia, al convertirlas en tácticas para el engaño. De este modo, el wokefishing se configura como una forma de violencia simbólica que mina los esfuerzos de quienes luchan por un mundo en igualdad de género. Esto subraya la necesidad de una mayor conciencia sobre las dinámicas de poder en el entorno digital, así como de herramientas y recursos que permitan a las personas identificar y protegerse de estas formas de explotación.

Existe una relación asimétrica de poder entre las plataformas digitales y las personas que son objeto de violencia. Esto se hace evidente en el momento de denunciar estas prácticas, donde el sistema de reportes suele estar sesgado y no responde adecuadamente a las experiencias de quienes han sido expuestas, generando acciones tardías o que no van de la mano con una adecuada reparación. Las plataformas, al delegar la responsabilidad en algoritmos de denuncia sin considerar las variables de género, perpetúan la desigualdad y permiten que estos ataques continúen sin la intervención necesaria, condenando a quienes viven esta violencia a una revictimización constante, ya que estos sujetos siguen replicando los contenidos en otros espacios.

El morbo que impregna la cultura, los medios de comunicación y también las redes sociales reproduce sesgos inconscientes, a través orientados a censurar y estigmatizar a las mujeres y diversidades, creando distinciones entre “buenas” o “malas” víctimas. Para avanzar hacia una sociedad más equitativa en términos de género, es crucial implementar políticas orientadas a la prevención, sobre todo en épocas de aprendizaje escolar. Por eso se hace necesario un plan educativo que integre educación sexual integral y comunicación no sexista, con el objetivo de fomentar relaciones sexo-afectivas saludables y libres de violencia. Además, es fundamental ofrecer espacios de formación y sensibilización continua a los cuerpos docentes y a las comunidades escolares sobre temas de género y no discriminación, además de alfabetización digital con perspectiva de género, para aprender a abordar e identificar las violencias que se pueden dar en estos espacios. 

Se deben desarrollar programas que eduquen sobre seguridad y convivencia digital desde una perspectiva de género y no adultocéntrica, para garantizar un entorno inclusivo y seguro para todas las personas. Por último, es imperativo que se promulgue la Ley de Violencia Digital, actualmente estancada en el Congreso, incorporando las nuevas formas de violencia digital, como los deep fakes, para abordar adecuadamente las amenazas emergentes y proteger a las víctimas de estos abusos. 

Por otro lado, la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros representan un obstáculo significativo a la hora de denunciar casos relacionados a violencia digital. Las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ se enfrentan a un sistema que en muchas ocasiones no comprende la gravedad de las agresiones que están viviendo, o que pueden tener repercusiones graves. La ausencia de conocimiento especializado entre los profesionales encargados de recibir y procesar las denuncias a menudo resulta en la redirección de los casos a otras instituciones sin resolución efectiva, o en la disuasión de las víctimas para que no sigan adelante con el proceso legal, lo que perpetúa su vulnerabilidad y la impunidad de los agresores. Es crucial que se implementen protocolos claros y que se promueva una formación integral y continua para los operadores judiciales y policiales en el ámbito de la violencia digital. Solo a través de una capacitación adecuada, que incluya una comprensión profunda de las dinámicas de la violencia de género digital y su impacto, las autoridades podrán ofrecer un apoyo efectivo y evitar la revictimización de las personas afectadas. 

Solo con una mirada interseccional que vincule educación, legislación, comunicación y alfabetización digital podremos pasar del wokefishing a una anécdota: donde el cuerpo y sexualidad de las mujeres y comunidad LGBTIQ+ no sea un espacio en disputa, y que si alguna vez se viraliza un contenido íntimo, ya no exista el morbo para compartirlo y que pierda su poder, al no seguir circulando.

Bibliografía

Ananías, C., Vergara, K., Herrera, C., & Barra, B. (2023). Violencia digital de género en Chile: Un estudio durante la pandemia de COVID-19. Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro), (39), e22306. https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2023.39.e22306.a.es

 

Ananías, C., & Vergara, K. (2020). Informe preliminar: Chile y la violencia de género en Internet: Las experiencias de mujeres cis, trans y no binaries. ONG Amaranta.

 

Ananías, C., Vergara, K., & ONG Amaranta. (2019). Violencia en Internet contra feministas y otras activistas chilenas. Revista Estudos Feministas, 27(3), e58797. https://doi.org/10.1590/0104-026x2019v27n3p58797

 

Cambridge Dictionary. (2023, julio 10). About Words: Woke Fishing – 10 July 2023. Cambridge Dictionary Blog. https://dictionaryblog.cambridge.org/2023/07/10/new-words-10-july-2023/

 

De-Casas-Moreno, P., Parejo-Cuéllar, M., & Vizcaíno-Verdú, A. (2023). Hate speech on Twitter: The LGBTIQ+ community in Spain. En Hate Speech on Social Media (p. 143). [Editorial no especificada].

 

Fainboim, L., Corvalán, N., & Schroder, M. (2022). Hacia una educación sexual integral que contemple las identidades y subjetividades digitales. Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital. [Sin volumen o número, por verificar].

 

Giordano, M. J. (2018). Revenge made simple: The relationship of neutralization, symbolic interactionism, and revenge porn [Tesis de maestría, Tarleton State University].

 

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2021). La violencia de género en línea contra las mujeres y niñas: Guía de conceptos básicos, herramientas de seguridad digital y estrategias de respuesta. https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Guia-conceptos-basicos-La-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-mujeres-y-ninas.pdf

 

ONG Amaranta. (2024). Tras dos años de ejecución del Programa Lilén en Biobío. https://amarantas.org/wp-content/uploads/2024/08/informe-cierre-lilen.pdf

 

ONU Mujeres – América Latina y el Caribe. (2022). Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención Belém do Pará. https://lac.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/04/ciberviolencia-y-ciberacoso-contra-las-mujeres-y-ninas-en-el-marco-de-la-convencion-belem-do-para

 

Lanza, E. (2017). Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2017_04_17_Internet.pdf
(Enlace agregado por claridad; si tienes uno distinto, reemplaza este)

 

Peña, P., & Vera, F. (2018). Guía práctica para tratar casos de pornografía no consentida en recintos educacionales bajo estándares de derechos humanos y equidad de género. Acoso.Online. http://acoso.online/site2022/wp-content/uploads/2018/12/Guia-Practica-Establecimientos-Educacionales_AcosoOnline_2018.pdf

 

Ruiz, M. (2024, agosto 8). Operaban utilizando aplicación de citas: Capturan a dos hombres de banda vinculada a secuestros con violación en el Biobío. Sabes.cl. https://sabes.cl/2024/08/08/operaban-utilizando-aplicacion-de-citas-capturan-a-dos-hombres-de-banda-vinculada-a-secuestros-con-violacion-en-el-biobio/

 

Segato, R. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Editorial Tinta Limón.

 

Smith, S. (2020, julio 22). Have you been ‘wokefished’ while dating? Here’s how to tell. VICE. https://www.vice.com/en/article/what-is-wokefishing-dating/

 

Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL). (2024). Décima encuesta sobre acceso, usos y usuarios de Internet en Chile. Gobierno de Chile. https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2024/03/Informe_Final_Acceso_y_uso_Internet_2023_VF.pdf

 

Subsecretaría del Interior. (2023). Consulta ciudadana virtual sobre violencia digital. Gobierno de Chile. https://generoyparticipacion.interior.gob.cl/media/2023/12/Resultados-Consulta-Ciudadana-Virtual-sobre-Violencia-Digital.pdf

 

Vergara, K. (2023). Violencia política sexual y digital en Chile: Contexto, orígenes y nuevas manifestaciones. Asociación por los Derechos Civiles (ADC). https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2023/09/ADC-Violencia-politica-sexual-y-digital-en-Chile-8-2023.pdf

 

Vergara, K., Henríquez, N., Flores, S., & Ananías, C. (2024). Guía práctica para conocer y abordar la violencia digital en establecimientos de educación media, técnica y universitaria. ONG Amaranta.

 

Acerca de la autora: Karen Vergara Sánchez, es Bachiller en Humanidades, Periodista y Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Humanidades, de la Universidad de Chile. Es directora de incidencia de ONG Amaranta, espacio feminista de educación e investigación para prevenir las violencias, participando específicamente de la línea Tecnología y Género. Publicó en 2023, gracias a una fellowship de la Asociación por los Derechos Civiles, de Argentina, el informe Violencia política sexual y digital en Chile: contexto, orígenes y nuevas manifestaciones, el cual se usó como base para la elaboración de este ensayo.