¿Cómo garantizar el derecho a la conectividad de sectores populares? Tres modelos de articulación entre Estado y organizaciones sociales

Introducción 

En los años 2020 y 2021, durante la vigencia en la Argentina de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO y DISPO) a causa de la pandemia de COVID-19, se puso en evidencia, de manera abrumadora, que el derecho a la conectividad es crucial para el ejercicio de otros derechos (Bizberge y Segura, 2020).

En esas condiciones, los Estados nacionales y provinciales así como las empresas privadas avanzaron mucho en cuanto a la conexión de todas las provincias del país (Segura et al., 2023). Las redes comunitarias de internet (RCI) que ya existían se fueron expandiendo de manera notable y acelerada, con lo cual ganaron visibilidad, organización y capacidad de incidencia en las políticas públicas (Segura et al., 2023). Estas RCI fueron una alternativa sobre todo en zonas rurales o urbano-populares, donde las empresas no prestaban servicio o lo hacían con baja calidad y precios altos (Prato et al., 2020).

Córdoba es una de las primeras provincias en las que se desplegaron redes comunitarias de internet. También, es sede de AlterMundi, una de las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que comenzaron a ser impulsadas en el país, así como el lugar en el que se celebraron los primeros encuentros de la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias, en 2018, y de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias (CARC), en 2019 (Prato et al., 2021), actores cruciales que incidieron en la elaboración de políticas públicas para el sector (Prato et al., 2022).

En esta provincia, desde 2020 el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó proyectos de conectividad para 25 barrios de Córdoba Capital y 15 de la ciudad de Río Cuarto, la capital alterna. Además, se aprobó un proyecto para ampliar y mejorar la conectividad de redes comunitarias de internet de las comunidades rurales Los Molinos y José de la Quintana. Excepto los proyectos de Río Cuarto –que fueron presentados por la empresa comercial InterCity Comunicaciones S. A., proveedor minorista que pertenecería a Telecentro (Convergencia Latina, 2022)–, los demás han sido elaborados e implementados por organizaciones sociales de diverso tipo. 

La Asociación Mutual Carlos Mugica, creada a inicios de los años 1980, con larga trayectoria en la provincia y vinculada, sobre todo, al hábitat popular y la radiodifusión comunitaria, trabaja en 24 barrios de Córdoba Capital; en el otro barrio lo hace La Poderosa, organización social territorial latinoamericana, que nació en Buenos Aires en los años 2000 y que propuso proyectos de conectividad en varias provincias argentinas. El proyecto de comunidades rurales fue presentado por redes comunitarias que ya estaban establecidas, acompañadas por AlterMundi, quien impulsa RCI a nivel nacional e internacional desde los años 2010. La Mutual Mugica obtuvo una licencia comercial; La Poderosa y las redes comunitarias, una de Valor Agregado de Licencia Comunitaria (VARC).

Se trata, por lo tanto, de tres organizaciones con trayectorias, competencias y objetivos diferentes, que optaron por estrategias de intervención y políticas públicas distintas. Lo que tienen en común no es que provean conectividad de manera totalmente autogestiva y no lucrativa, sino que procuran garantizar el acceso a internet a sectores urbano-populares y rurales cuyo derecho a la conectividad no está siendo atendido por los actores comerciales. Con ese fin se articulan con el Estado nacional –en ocasiones, también con los Estados provincial y municipal– y organizaciones sociales territoriales.

En este artículo nos interesa, por un lado, evaluar en qué medida la ejecución realizada por entidades sociales no lucrativas de diverso tipo incide en los diferentes impactos de la política nacional en los territorios; por otro, establecer qué tipo de política estatal y qué estrategia de intervención social resultan más eficaces para garantizar el derecho a la conectividad de sectores populares.

Para ello, se analizan a profundidad los procesos de participación de las tres organizaciones antes referidas en el debate, diseño e implementación de las políticas nacionales de conectividad en la provincia de Córdoba; sus actuales resultados y los que esperan obtener, las facilidades y obstáculos que identificaron en el proceso y las discusiones que plantean al respecto.  

El análisis es abordado desde un enfoque teórico-normativo con el cual se concibe a la conectividad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, y como un servicio que puede ser prestado por actores estatales, comerciales y no lucrativos. Concebimos a las políticas públicas como el resultado de procesos de disputa en los que estos tres tipos de actores, con intereses distintos y relaciones de poder desiguales, también intervienen.

En primer lugar, se presenta la perspectiva teórico-metodológica del trabajo. Luego, se caracterizan las políticas nacionales y provinciales de conectividad, los niveles de conectividad existentes en la provincia de Córdoba y las trayectorias de las organizaciones. En tercer término, se analiza la participación de cada organización en el debate, diseño, implementación y resultados de las políticas estatales. Finalmente, se ofrecen conclusiones.

La conectividad como derecho

Con política pública se entiende la respuesta del Estado –por acción u omisión– frente a un problema que toma dimensión pública (Oszlak y O’Donnell, 1976). La formulación de políticas es un proceso dinámico de interacción entre diferentes actores, institucionales o no, que tienen una capacidad de influencia desigual e intereses diversos y que utilizan mecanismos formales e informales para incidir en ellas (Califano, 2016; Freedman, 2008; McQuail, 2010). En este proceso, el conflicto es inseparable de las relaciones de poder en el proceso social global, y tiene lugar en disputas sociales y políticas más amplias (Segura, 2018).

Respecto al ámbito de internet, la bibliografía comenzó a hablar de “gobernanza”, más que de políticas, para dar cuenta de un cambio en el proceso decisorio: el pasaje del Estado como actor central a estructuras regulatorias y, en apariencia, no jerárquicas donde los actores interesados e involucrados se sientan a la mesa de decisión, en teoría con la misma legitimidad, y asumen el doble rol de reguladores y regulados (Bizberge y Segura, 2020; Rossi y Meier, 2012; Iosifidis, 2011). Resulta evidente que la participación internacional es altamente dificultosa para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) local y nacional, y que existen importantes asimetrías de poder.

Frente a este modelo de múltiples partes interesadas (multi-stakeholders), las experiencias latinoamericanas de las primeras décadas del siglo XXI (Segura y Waisbord, 2016; Segura y Linares, 2022a) favorecen el diseño de un modelo de participación ciudadana distinto. Aunque estos dos paradigmas entrañan varios tipos de actores con intereses diversos implicados en la formulación de políticas, hay una diferencia crucial entre ambos. El modelo de participación reconoce la desigualdad de poder entre los Estados, las corporaciones comerciales globales y las OSC, por lo tanto, reconoce al Estado nacional como la principal institución involucrada en dicha formulación y en la garantía de derechos. En este sentido, los mecanismos de participación fueron pensados para posibilitar la inclusión de las demandas ciudadanas en las políticas nacionales de comunicación, y, al mismo tiempo, para encontrar en el Estado a un aliado que frene el poder de las corporaciones e impida la captura de las políticas por parte de las élites económicas (Segura y Linares, 2022b).

La sociedad civil que procura incidir en la formulación de políticas estatales no es un todo unificado, sino que es compleja, conflictiva y heterogénea. Mantiene una relación de autonomía relativa con el Estado y el mercado (Sorj, 2010). En particular, el activismo por los derechos digitales es una forma de acción colectiva que promueve mayor igualdad en el acceso y gestión de la tecnología y datos, interviene con nuevos modos de producción de información y conocimiento y cuestiona los conceptos dominantes sobre conectividad y digitalización de la información (Milan y van der Velden, 2016; Segura, 2019).

El derecho de acceso a internet es reconocido por los organismos internacionales como un derecho humano fundamental, por ende, es exigible por todas las personas y les corresponde a los Estados garantizar la conectividad de sus poblaciones. De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhorta a los Estados “a que promuevan y faciliten el acceso a internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países” (ONU, 2012).

El acceso a la conectividad a internet fue la primera dimensión en que las brechas digitales –eufemismo extendido para hablar de desigualdades digitales (Segura, 2021)– fueron pensadas. Esta dimensión se refiere a la conexión de las personas, incluyendo la desconexión, según el grupo social al que pertenecen; la calidad de la conexión en términos de ancho de banda, estabilidad y velocidad, lo que implica, en especial, la provisión de infraestructura; la asequibilidad de la conexión, es decir, que su costo se ajuste a la capacidad de pago de las mayorías, así como a la disponibilidad de equipamiento para la conectividad (CEPAL, 2013).

El modo más común de garantizar el derecho a la conectividad es la prestación de un servicio por parte de Estados, empresas privadas, cooperativas, fundaciones y otras asociaciones civiles, que dan acceso a la red a los/as/es usuarios/as/es. No obstante, también ha sido desarrollado un modelo autogestivo para el ejercicio de este derecho a partir de las redes comunitarias (de propiedad colectiva, gestión social, diseño accesible y participación abierta), libres (libre uso, neutralidad, libre interconexión y libre tránsito) y descentralizadas. Estas redes no tienen fines de lucro, sino comunitarios, e incentivan la coconstrucción de infraestructuras tecnológicas autónomas de bajo costo y gobernadas de manera colaborativa y organizada (AlterMundi, 2023).

En cuanto al aspecto metodológico de este estudio, entre abril y mayo de 2023 se realizaron tres entrevistas a referentes de las organizaciones Altermundi, la Mutual Mugica y La Poderosa, cuyos procesos de vinculación con las políticas estatales de conectividad para sectores populares fueron analizados, e información de prensa y documentación sobre esos procesos, relevada.

Acceso a internet, Estados y organizaciones

La provincia de Córdoba muestra indicadores relativamente favorables en materia de acceso a la conectividad comparados con los de otras jurisdicciones del país. Sin embargo, los barrios populares de sus ciudades y las zonas rurales y periurbanas están desconectados o tienen problemas de conectividad debido a la calidad y al precio de la conexión. Frente a esto, los Estados nacional y provincial intensificaron sus políticas de extensión y mejora del acceso a internet. Organizaciones de diverso tipo (socio-territoriales, mutuales, cooperativas y de activistas digitales) también trabajan para conseguirlo. ¿Qué trayectoria tienen estas organizaciones?, ¿Qué y cómo lo hacen?, ¿Cómo se articulan? son algunos de los interrogantes que se responden en esta sección.

Política nacional en territorio provincial

En Córdoba, la conectividad móvil creció cada año desde 2019 –antes de las medidas de aislamiento y distanciamiento por la pandemia de COVID-19– hasta 2022 –después de que estas medidas se dejaran sin efecto–, mientras que la conectividad fija decreció levemente mostrando una tendencia similar a la del resto de Argentina y del mundo. Esto se entiende porque la conectividad móvil es una tecnología más barata tanto en su despliegue como en dispositivos y planes. Entre 2019 y 2022, la Región Centro, integrada por Córdoba y Santa Fe, concentró, en promedio, el 16.5 % de los accesos móviles y el 15.39 % de los accesos fijos del país (INDEC, 2022). A la fecha, siguen predominando las conexiones por cable módem mientras que los accesos por fibra óptica registran un crecimiento y las conexiones por ADSL e inalámbricas (wireless), un descenso. Esto explica que Córdoba sea una de las provincias con las mejores velocidades promedio y en la que en dicho periodo las conexiones de más de 30 Mbps (megabits por segundo) crecieran mucho y alcanzaran a más de la mitad de las conexiones fijas (ENACOM, 2022).

En cuanto a los costos, la banda ancha móvil se mantiene muy por debajo del promedio del 2% del índice de asequibilidad, como en las demás provincias, mientras que el costo de la banda ancha fija, en relación con la renta provincial bruta per cápita, es más elevado (3 %). Este último se incrementó todavía más durante, al menos, el primer año de pandemia, aunque en la actualidad se sitúa por debajo de la media de las capitales de las provincias del país: en el puesto 14 de las 24 jurisdicciones (CABASE, s.f.). 

Figura 1. Asequibilidad por provincias, 2019

Fuente: CABASE (s.f.).

 

Lo anterior se vincula, entre otros factores, con la enorme concentración de proveedores de servicio de internet (ISP, por sus siglas en inglés) que se registra en Córdoba, siendo Telecom-Cablevisión el principal proveedor; aunque también operan las grandes corporaciones en el rubro que tienen presencia en el país. No obstante, Córdoba se destaca como una de las tres provincias con una gran cantidad de ISP, debido a la relevante existencia de cooperativas de servicios públicos y de micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien estos indicadores en su mayoría son favorables en comparación con los de las demás provincias, no diferencian entre zonas urbanas y rurales ni entre sectores sociales, donde se manifiestan las desigualdades (Segura et al., 2023).

Respecto a las políticas de conectividad, en 2018, previo a la pandemia, se creó mediante la Ley 10.564 el Plan Conectividad Córdoba, a cargo de la Agencia Conectividad Córdoba (ACC), con el objetivo de desarrollar infraestructura en los municipios y comunas. En 2022, luego de finalizado el DISPO, se firmó el acuerdo comercial entre la Agencia, con el cual esta se comprometió a comercializar como mayorista a un precio 40 % menor que el de otros proveedores, y las nueve cooperativas y 17 empresas, que acordaron hacer la distribución minorista en 63 localidades de 19 departamentos. Asimismo, se firmaron los dos primeros contratos con la cooperativa Colsecor y un proveedor privado para ampliar la oferta mayorista en 10 localidades y ofrecer internet mayorista, por primera vez, a 21 localidades (Hoy Día Córdoba, 2022; Segura y De Toni, 2023).

En tanto a nivel nacional, si bien la Ley 27.078 Argentina Digital de 2014 procuró garantizar el acceso a todos los habitantes, con independencia de su localización geográfica, mediante el diseño de políticas públicas por parte de la Autoridad de Aplicación de la Ley y la creación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), recién en 2020 se identificaron políticas nacionales de conectividad destinadas específicamente a sectores populares y/o zonas desatendidas. En ese mismo año, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM llevó adelante cuatro programas: 1) el Programa de Conectividad Roberto Arias (PRA), que promueve la autogestión en comunidades rurales y de pueblos originarios a través de redes comunitarias de internet; 2) el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (ReNaBaP); 3) el Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Pequeñas Localidades Rurales y Comunidades Indígenas, dirigido a comunidades rurales de hasta dos mil habitantes inscriptas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y en el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF), así como a comunidades de los pueblos originarios inscriptas ya sea en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (RENOPI), en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y/o en los organismos provinciales pertinentes, y 4) el Programa de Acceso a Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a Poblaciones de Zonas Adversas y Desatendidas para el Despliegue de Redes, para localidades de hasta dos mil habitantes. 

Los tres primeros programas son desarrollados por la Subdirección de Proyectos Especiales de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM. Los programas para barrios populares y zonas adversas fueron lanzados en 2020, durante el primer año de la pandemia; el de redes comunitarias, en 2021 y el de comunidades rurales e indígenas, en 2022. Los cuatro se financian con el FFSU, sostenido con el uno por ciento de los ingresos totales por la prestación de servicios TIC de los licenciatarios.

En la provincia de Córdoba, hasta mediados de 2023, habían sido aprobados relativamente pocos proyectos presentados a las convocatorias de los programas.  A pesar de que el PRA fue acompañado por AlterMundi y la CARC, dos años después de su lanzamiento, todavía no había ningún proyecto implementado.  Recién en mayo de ese año fue declarado fue declarado elegible y autorizado por el directorio del ENACOM un proyecto postulado por las redes MolinosComunitaria y QuintanaLibre, acompañado por AlterMundi, para desplegar una RCI en el Refugio Libertad. Este último es un campo comunitario gestionado por Trabajadores/as Unidos/as/es por la Tierra (TRAUT), rama rural de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en el predio del Grupo 141 de Artillería del Ejército, excampo de concentración durante la última dictadura militar, que colinda con las localidades rurales de La Quintana, Villa San Isidro y Los Molinos. 

Asimismo, se encontraba aprobado, en términos técnicos, otro proyecto impulsado por el Encuentro de Organizaciones (EO) para desplegar una red comunitaria en el barrio Campo La Ribera, de la capital cordobesa, sector donde también había funcionado un centro clandestino de detención. En tanto que en el marco del programa para barrios populares inscriptos en el ReNaBaP, la Asociación Mutual Carlos Mugica ejecutaba un proyecto que incluía a 24 barrios de Córdoba Capital; La Poderosa, otro que alcanzaba a un barrio, y la empresa Intercity lo hacía en 15 barrios de la ciudad de Río Cuarto.  

Tres organizaciones

AlterMundi es una ONG que elabora herramientas de software libre, documentación y hardware abierto para el despliegue de redes libres, comunitarias, descentralizadas y de bajo costo por parte de personas sin previa formación específica en zonas con problemas de conectividad. Se constituyó en 2011 en la localidad rural de José de la Quintana, Córdoba, donde un año más tarde fundó la red comunitaria QuintanaLibre, que incluye nodos en el pueblo vecino de Villa San Isidro. Desde entonces, promueve despliegues de redes comunitarias de internet. Impulsó la creación de la primera red de redes comunitarias del país a partir de la promoción de otras redes en zonas aledañas del Valle de Paravachasca y en el Valle de Traslasierra, ambas en Córdoba. Además, acompañó despliegues de redes en el Delta del Tigre, provincia de Buenos Aires, y Boquerón, provincia de Santiago del Estero, así como en ciudades de Nicaragua, Brasil, Colombia y México en colaboración con la cooperativa de Mulukukú, Colab, Colnodo y Rizhomática, respectivamente.

Esta ONG tiene su propio sistema autónomo, recursos IP, personería jurídica y licencia VARC, lo cual le posibilita presentar propuestas para ser financiadas por el FFSU que administra el ENACOM. También, recibe financiamientos internacionales de la Internet Society (ISOC), la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y el Fondo Regional de Innovación Digital (FRIDA) del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC). Forma parte de la red de organizaciones de APC y, en el plano regional e internacional, fomentó la creación de la Coalición Dinámica sobre Conectividad Comunitaria, con el auspicio del Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas, y del Grupo Especial de Interés de Redes Comunitarias de la ISOC (Baladrón, 2018). Promovió la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias, que se reunió por primera vez en Buenos Aires y en La Serranita, Valle de Paravachasca, Córdoba, en 2018. Desde 2019, integra e impulsa la CARC, una alianza de redes y organizaciones a las que apoya con el objetivo de incidir en el Estado para que este desarrolle políticas de promoción de las redes comunitarias de internet (AlterMundi, 2020).

En efecto, AlterMundi fue un actor clave de incidencia para que, mediante la Resolución 4958, en 2018 el ENACOM incluyera la licencia VARC para proveer internet en zonas rurales con escasa infraestructura y población socialmente vulnerable. Junto con la CARC, acompañó en 2020 la creación del PRA destinado a redes comunitarias en áreas rurales. También, bregó para que en 2021 y 2022 las redes comunitarias fueran incluidas como posibles IPs en los programas de conectividad para barrios populares y comunidades rurales e indígenas.

AlterMundi es una de las organizaciones de activistas digitales en el plano internacional que desarrolló de manera colaborativa el LibreRouter, una tecnología de conectividad libre, inalámbrica y multiradio específicamente diseñada para las necesidades técnicas, económicas y legales de las redes comunitarias de los países del llamado Sur Global (Dagnino, 2019). Con su acompañamiento, por primera vez se desplegó una red con LibreRouter por completo: fue ElValleReinicia, en el pueblo cordobés de Las Calles, en el Valle de Traslasierra (Prato et al., 2021).

Esto demuestra la gran capacidad para la gestión y la incidencia a nivel nacional e internacional de AlterMundi. Así, esta ONG subsana su menor presencia territorial al articularse con organizaciones como Comunidad Trabajo y Organización (CTO), con la que desarrolló la red ElValleReinicia, o Encuentro de Organizaciones, que presentó un proyecto al programa Roberto Arias (PRA). 

Por su parte, la Asociación Mutual Carlos Mugica es una organización cordobesa que se creó en 1987, pocos años después de la recuperación del gobierno constitucional, luego de la última dictadura militar y como parte de un proceso de surgimiento de ONG ligadas a los movimientos de Iglesias de la década de 1970 y a acciones estatales que se iban independizando (Gutiérrez, 2005). La Mutual Mugica se abocó de manera enfática a la regularización territorial de barrios populares donde tiene una larga y relevante trayectoria. Actualmente, impulsa los Proyectos de Hábitat Social (ProHaS) y es promotora del Movimiento de Organizaciones Sociales Carlos Mugica Tierra, Techo y Trabajo, que desde 2015 nuclea a numerosos colectivos barriales.

La Mutual Mugica es conocida de igual manera en el campo comunicacional por ser la madre de la radio comunitaria La Ranchada, fundada en 1989 y una de las más antiguas de Córdoba y de Argentina. La emisora acompañó los procesos de lucha por la tierra, y desde sus inicios, fue parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). Este foro, conformado en 1985, fue la primera alianza de medios comunitarios del país –donde referentes con trayectoria en organizaciones cristianas de base y en experiencias latinoamericanas de comunicación popular también tuvieron un papel fundamental–; en 2004, convocó a la Coalición por una Comunicación Democrática en cuya propuesta se basó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de 2009. 

Entre 2013 y 2015, la primera y más fructífera etapa de aplicación de los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA) que la LSCA establece para medios sin fines de lucro y de pueblos originarios, FM La Ranchada ganó la mayor cantidad de concursos (12) del país (Becerra et al., 2016). Todo esto demuestra la larga trayectoria y enorme capacidad de la Mutual Mugica para la gestión y articulación territorial con organizaciones barriales y los Estados nacional y provincial, especialmente en términos de hábitat, economía y comunicación popular.

La tercera organización del estudio, La Poderosa, se autodefine como “un movimiento latinoamericano revolucionario”. Nació hace más de 15 años en Villa Zavaleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en rondas previas y posteriores a partidos de fútbol popular entre un grupo de jóvenes. Más tarde, sumó cooperativas de trabajo, textiles, de carpintería, herrería, construcción, gastronómicas y de diseño, entre otras. Dio origen a las denominadas Casas de las Mujeres y las Disidencias, fomentadas por su Frente de Géneros mediante seis campos de acción: trabajo, educación popular, recreación, salud, violencia de género y diversidad. Asimismo, gestiona merenderos y comedores destinados, cada uno, a unas 200 personas en cada barrio. Creó el Control Popular a las Fuerzas de Seguridad, por medio del cual las asambleas del país monitorean que estas fuerzas actúen de acuerdo a la ley, y relevan casos de represión estatal. En 2011, lanzó la revista La Garganta Poderosa, brazo literario y comunicacional del movimiento. Aunque La Poderosa está más desarrollada en Argentina, actualmente articula 120 asambleas territoriales en otros 11 países de América Latina: Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Cuba. Desde 2017 realiza un encuentro anual regional (La Garganta Poderosa, 2019).

En Córdoba, La Poderosa trabaja, desde 2008, en los barrios Yapeyú, Villa Rivadavia y Los Cortaderos, de la capital, y en la localidad El Sauce, en Sierras Chicas, ofreciendo apoyo escolar; fútbol popular; talleres de murga, arte, fotografía y redacción; comedores populares; rondas de mujeres; promotoras de salud, así como talleres de oficios y cooperativas de trabajo. En Yapeyú también funciona una de las Casas de las Mujeres y las Disidencias como espacio de contención y recreación para personas en situación de violencia. Asimismo, en octubre de 2019 fue inaugurada la redacción de La Garganta Poderosa en el edificio del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación. Desde 2020, La Poderosa articula con el programa Puntos de Extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además, esta organización participa en distintas movilizaciones políticas como las marchas del 8 de marzo, 24 de marzo, 3 de junio, de la Gorra, contra el Gatillo Fácil y contra la violencia institucional.

Las estrategias 

Las tres organizaciones desarrollan distintos modelos de gestión de la conectividad y tienen diferentes grados de participación en los procesos de debate, formulación e implementación de las políticas estatales impulsadas por la Subdirección de Proyectos Especiales del ENACOM. Mediante prácticas de articulación con el Estado y en distintos niveles de autogestión, estas tres entidades buscan garantizar el derecho a la conectividad a las poblaciones de barrios populares y zonas rurales, donde las empresas de telecomunicaciones no ofrecen el servicio o si lo hacen, este es de baja calidad y/o inasequible. 

Participación en el diseño

Durante el diseño de las políticas públicas destinadas a los sectores populares, AlterMundi y las organizaciones nucleadas en la CARC lograron ser reconocidas como interlocutoras válidas en lo concerniente al derecho a la conectividad. Así, accedieron a diálogos frecuentes con funcionarios/as/es del Poder Ejecutivo Nacional y legisladores/as y asesores/as del Congreso de la Nación, a quienes les plantearon demandas y propuestas. En cambio, la Mutual Mugica y La Poderosa no buscaron participar ni incidir en el diseño de alguna de las políticas estatales existentes para garantizar el derecho a la conectividad de estos sectores.

Por esa razón, entre otras, el posicionamiento de cada organización con respecto a estas políticas es diferente. En efecto, AlterMundi pondera positivamente el PRA, justo porque lo considera una política pública nacida “desde abajo”, destaca que a este programa se le han realizado numerosas adaptaciones y que la cantidad de requisitos es mucho menor en comparación con otros programas. En primer lugar, el financiamiento es una cuestión clave en todos los casos; mientras que en el PRA el monto de los proyectos es de hasta ARS 30 millones, en el Programa de Conectividad para Barrios Populares es de hasta  ARS 350 millones. Del PRA, AlterMundi rescata que es muy diverso, sus categorías no están limitadas y se puede destinar a honorarios profesionales, formación, materiales, herramientas, mantenimiento e, incluso, al pago del proveedor mayorista de banda ancha por seis meses; además, contempla gastos previos a la postulación, por ejemplo, la firma del profesional que avale técnicamente el proyecto, y no exige a la organización aspirante un seguro de caución (J. Giúdice, entrevista por A. V. Prato, 24 de abril, 2023). 

En contraste, una de las críticas al Programa de Conectividad para Barrios Populares, señalada tanto por AlterMundi como por la Mutual Mugica, es el seguro de caución ya que, sostienen, resulta un obstáculo para muchas organizaciones con intenciones de postularse, porque tienen que recurrir al patrimonio individual de sus integrantes como estrategia a colocar en dicho seguro. La Mutual sorteó esta dificultad con su propio patrimonio (C. Calderón, M. Galán y S. Flores, entrevista por B. N. De Toni, 20 de abril, 2023). En segundo término, se registran importantes inconvenientes con la formación técnica necesaria para presentar y ejecutar estos proyectos. La Poderosa Córdoba^[1] (entrevista por B. N. De Toni, 9 de mayo, 2023) expresa que su mayor dificultad fue la técnica para la elaboración, presentación e implementación del Programa de Conectividad para Barrios Populares; menciona que como no tenía experiencia en el área, para resolver la postulación del proyecto se asesoró con ingenieros en telecomunicaciones de Buenos Aires y se formó en la iniciativa Semillero de Redes Comunitarias que solicitó a AlterMundi (J. Giúdice, entrevista, 24 de abril, 2023). Con relación a esto último, si bien AlterMundi valora que el PRA financie formación, critica que esta sea otorgada una vez ganado el proyecto; sostiene que si una organización no cuenta con formación ni experiencia en el montaje de redes, es más difícil que se comprometa con un proyecto de RIC y pondere lo que podría, o no, cumplir.

Por otra parte, la elección del tipo de licencia TIC también genera debate en las organizaciones: para AlterMundi, un valor del PRA es que este programa es exclusivo para licencias VARC; en tanto que la Mutual Mugica optó por una comercial porque, aunque había analizado la opción de una VARC, encontró inviable que en un contexto de aislamiento se pudieran gestionar, de manera comunitaria, redes de internet en los barrios. Además, la licencia comercial le posibilitaría a la mutual prestar un servicio de internet popular y de calidad, generando así un proyecto sustentable que competiría con los prestadores privados. 

La ejecución

En 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, la Mutual Mugica, a partir de su trabajo territorial, puso sobre la mesa la falta de accesibilidad al servicio de internet en los barrios populares. Es así que decidió postularse al Programa del ENACOM para obtener la licencia TIC, y comenzó a elaborar el proyecto en vinculación con organizaciones de los distintos barrios que podían ser los destinatarios. Para la elección de estos se tuvo en cuenta a los grupos que habían manifestado interés, que el barrio estuviera urbanizado o en proceso de urbanización –aunque no era condición excluyente– para facilitar el tendido de la fibra óptica y que hubiera organizaciones territoriales con las cuales articularse.

En 2021, la Mutual obtuvo la licencia y con ello dio nacimiento a La Ranchada IP (Internet Popular). En diciembre del mismo año se aprobó el proyecto para llevar el servicio de internet a 24 barrios de la ciudad de Córdoba registrados en el ReNaBaP, agrupados en tres zonas: norte, sur y oeste. El proyecto contempló a 1569 abonados/as/es bonificados/as/es, la instalación de pisos tecnológicos en 10 barrios, 14 puntos de wifi en los 14 barrios restantes y la bonificación del servicio a los espacios comunitarios. Los pisos tecnológicos o Centros de Acceso a Internet para la Integración Digital son sitios de cogestión entre la Mutual y organizaciones sociales o espacios comunitarios de los barrios a los que la Mutual provee, para cada uno, de 10 computadoras, instalación y servicio de internet bonificado mientras que las organizaciones ponen a disposición el lugar y el mobiliario adecuado. A su vez, los puntos wifi también requieren la articulación con organizaciones específicas del barrio que puedan garantizar su cuidado.

Durante 2022, la Mutual Mugica realizó 180 encuestas para indagar cómo era la situación de internet en los primeros barrios que iniciarían la obra: La Tela, Villa Unión, San Roque y San Alberto. En la encuesta se preguntó acerca de la disposición de equipamiento en el hogar, si tenían servicio de internet, cómo funcionaba el servicio y cuánto pagaban. La mayoría abonaba un plan que contenía 10 megas por ARS 2500, lo que sirvió como base para estipular el precio del servicio que podía brindar desde La Ranchada IP: 10 megas por ARS 1500. 

Para llevar adelante el proyecto, la Mutual estableció vínculos con el sector privado, los Estados provincial y municipal y organizaciones sociales: contrató a una empresa de tecnologías y una constructora; se articuló con la Agencia Conectividad Córdoba –la proveedora de internet–, el Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación y la Municipalidad de Córdoba, y firmó un convenio con la Empresa Provincial de Energía (EPEC) para la utilización de sus postes. 

Por otro lado, durante las medidas de ASPO y DISPO, La Poderosa implementó la campaña #ContagiaConectividad a nivel nacional para llevar internet y equipamiento a los barrios populares. En el marco de la campaña, se recibieron donaciones personales para el desarrollo de 50 nodos digitales en diversas provincias, que contemplaron la instalación de wifi y la compra de dispositivos como tabletas, notebooks y celulares. Aun así, el tendido de fibra óptica seguía siendo una deuda con los barrios, por lo que la organización decidió articularse con el ENACOM e inscribirse en el Programa de Conectividad para Barrios Populares para llevar fibra a 16 barrios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, San Juan, Santa Fe y Tucumán (Santa Cruz, 2022). En octubre de 2020 obtuvo la licencia VARC y en febrero de 2021 el proyecto fue aprobado.

Entre los barrios atendidos por La Poderosa, se encuentra Yapeyú, de la zona sur de la ciudad de Córdoba, donde se proyectó la instalación de 13 nodos de conectividad, de los cuales dos son nodos centrales y 11 son LibreRouters. En un inicio, La Poderosa intentó que el proveedor de internet fuera la Agencia Conectividad Córdoba, pero no se pudo realizar el convenio, así que decidió contratar a Internet Córdoba, una empresa con cobertura en muchos barrios registrados en el ReNaBap. En las obras de instalación participaron integrantes de las asambleas y vecinas/os/es de Yapeyú, con el objetivo de establecer un proceso de formación continuo para ellos/as/es, que más personas se sumaran como promotores/as de conectividad y que el mantenimiento de la red pudiera ser sostenido por la comunidad.

Asimismo, con la intención de seguir ampliando la conectividad en los barrios, La Poderosa decidió replicar la experiencia de la red comunitaria en Los Cortaderos, de la zona norte de la ciudad, cuyas asambleas funcionan también desde hace tiempo. Como este barrio no estaba contemplado en el proyecto del ENACOM, se postuló el proyecto de su conectividad al presupuesto participativo municipal de Córdoba para poder instalar nueve nodos. Cabe añadir que tanto en Los Cortaderos como en Yapeyú el servicio de internet es libre y gratuito.

Por último, AlterMundi junto con Nodo Tau, una ONG de Rosario orientada a facilitar el acceso de las TIC a organizaciones comunitarias, diseñaron el Proyecto AlterMundi and Nodo Tau Embracing the Roberto Arias Program (ANERA), con el propósito de tender un puente entre las comunidades y esta política estatal. El proyecto fue financiado por APC, principalmente, y la organización 48percent. En este marco, se propuso un ciclo de formación de Semillero de Redes Comunitarias, de frecuencia semanal y modalidad virtual, que fue planteado como una estrategia de acompañamiento a potenciales solicitantes al PRA, y al término del cual pudieran optar por postular, o no, con mayores herramientas. Asimismo, AlterMundi asesoró la presentación del proyecto Semillitas de Libertad para la ampliación de dos redes, que, luego de ser observado y editado varias veces, fue aprobado recientemente y publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

En lo correspondiente al proceso de implementación, los/as/es integrantes de la Mutual Mugica destacan la importancia y el valor de articular con organizaciones comunitarias de cada barrio para la viabilidad del proyecto y la ejecución de las obras. Ponderan también “el aprender haciendo”, que marcó el proceso tanto para quienes forman parte de la Mutual como para las/os/es vecinas/os/es que se sumaron al trabajo en las cuadrillas. Por último, los obstáculos que las organizaciones identifican son, una vez más, económicos. La Mutual señala que el ENACOM no contaba al inicio con un trámite ágil para la readecuación presupuestaria del proyecto –observación con la que Altermundi coincide–, de manera que el proyecto se volvía inviable ante el aumento constante de los precios para el desarrollo de la obra. Por lo tanto, tuvo que recurrir a la intercesión de diferentes actores políticos, y, de este modo, a mediados de julio de 2022 se le reconoció una adecuación acorde al costo del Índice Precio Consumidor (C. Calderón, M. Galán y S. Flores, entrevista, 20 de abril, 2023).  

Resultados y proyecciones 

La Ranchada IP ha ejecutado la primera y la segunda cuota en su totalidad, y está en espera de la última para cumplir el objetivo de terminar el proyecto en agosto de 2023. De los 24 barrios previstos, ya está brindando el servicio en San Roque, La Tela, Villa Unión, San Alberto, Villa Martínez y Amanecer Joven, lo que equivale a 350 conexiones. En la zona sur, se avanza con las obras de cableado y posteado en los barrios que no cuentan con postes de EPEC, para luego comenzar en los de la zona norte. A su vez, ya se encuentran conectados 15 espacios comunitarios y fue inaugurado el primer piso tecnológico en La Tela. 

La Mutual Mugica ha proyectado terminar las obras en agosto de 2023 y llegar a tener a fin de año entre 2500 y 3000 abonados/as/es. Está por presentar un segundo proyecto, que incorpora a otros 23 barrios del ReNaBaP, unas 1500 familias, sumando así un total de 47 barrios. Espera poder alcanzar en un futuro a otros barrios no incluidos en el Registro, que están pidiendo el servicio. Además, destaca la potencialidad que tiene el tendido de la fibra óptica, en el marco de que ha solicitado una licencia para prestar servicios de televisión comunitaria (C. Calderón, M. Galán y S. Flores, entrevista, 20 de abril, 2023).

La Poderosa, por su parte, ha cubierto la mitad del proceso de implementación en barrio Yapeyú con la instalación de siete nodos, y prevé instalar otros seis para completar lo diseñado en el proyecto. Si bien tanto en Yapeyú como en Los Cortaderos la red comunitaria de internet se encuentra abierta y funcionando, en este último ya está finalizada, mientras que la de Yapeyú aún está en proceso, a pesar de haber comenzado antes. Esto se debe, por un lado, a la dimensión de los barrios –Yapeyú es mucho más grande– y, por otro, a que los niveles de acceso a la conectividad eran disímiles en cada territorio. En Los Cortaderos, la única empresa que solía prestar servicio, DirecTV, lo había cortado en el último tiempo, por lo que la necesidad de conectividad era urgente. Mientras tanto, en Yapeyú, a medida que se fue desarrollando el proyecto, la empresa Internet Córdoba amplió su llegada y los/as/es vecinos/as/es contrataron el servicio de manera particular (La Poderosa Córdoba, entrevista, 9 de mayo, 2023).

En cuanto a AlterMundi, en el marco del proyecto ANERA, esta ONG ha capacitado a 16 organizaciones, principalmente nucleadas en la UTEP, de las cuales, por experiencia propia o de otras asociaciones afines, conocía su capacidad organizativa. La capacitación incluyó los conocimientos tecnológicos, organizativos y de infraestructura necesarios para el despliegue inicial de una red de cuatro nodos en cada comunidad. Ha acompañado también procesos de gestión de licencias e inscripción en el Registro Único de Personas Responsables de Servicios de Comunicación (RUPECO), que son requisitos para postular proyectos (J. Giúdice, entrevista, 24 de abril, 2023). Todas las organizaciones asesoradas pudieron inscribirse en el Registro y 12 solicitaron la licencia VARC, seis de las cuales ya la obtuvieron y tres de estas presentaron proyectos al PRA.

Tabla 1. Los tres modelos de gestión

Fuente: elaboración propia.

Entre los desafíos a futuro, también se destacan los vinculados al sostenimiento económico. Al respecto, La Poderosa Córdoba (entrevista, 9 de mayo, 2023) señala que cada asamblea tiene un fondo para conectividad y que diseñan estrategias para garantizar su continuidad. Por su parte, la Mutual Mugica procura que La Ranchada IP sea autosuficiente para la adquisición de insumos, el mantenimiento y la compra de internet. En este sentido, menciona que en cada barrio se repite una tendencia: aparte de los 1569 bonificados/as/es –que representan un 30 %–, otro 30 % de vecinos/as/es solicita la contratación del servicio, con lo cual este se garantiza a un 60 % de la población de cada comunidad conectada (C. Calderón, M. Galán y S. Flores, entrevista, 20 de abril, 2023).

Los/as/es integrantes de la Mutual Mugica señalan que el proyecto de La Ranchada IP implica abrir una nueva área de servicio y disputar el mercado desde el sector de la economía solidaria, además, les permite demostrar que la capacidad de despliegue no es exclusiva del sector privado, sino que puede realizarse a partir de la articulación de una multiplicidad de actores, en especial de las organizaciones de base de cada barrio. Por otro lado, mientras que la Mutual apunta a diversificar su oferta de servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, AlterMundi busca ampliar el impacto de las redes comunitarias de internet. En procura de impulsar redes libres comunitarias y “una internet desde el primer kilómetro y no hacia la última milla”, esta última promueve “una red de redes” y que las comunidades participen en la cocreación de internet (Echaniz y Puzio, 2022). Así, en asociación con la Unión de Trabajadores Rurales (UTR), proyecta montar un centro de datos y un punto de intercambio de tráfico (IXP), con impronta “comunitaria y serrana”, en el Refugio Libertad, Valle de Paravachasca. “Un IXP favorece el tráfico local y disminuye costos, optimiza la red de internet con concentradores locales, garantizando conexiones más cortas y más rápidas” (N. Wolovick, entrevista por A. Valeria Prato, 12 de mayo, 2023). Asimismo, prevé la instalación en el mismo predio de la fábrica de LibreRouters, de tecnología específica para redes comunitarias, que actualmente se importa de China. Ambas iniciativas, ya en marcha, serán financiadas por el programa Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial del Consejo Económico y Social (CES). 

Conclusiones

En este artículo nos propusimos, por un lado, evaluar en qué medida la ejecución realizada por distintas entidades sociales no lucrativas incide en los impactos que la política nacional de conectividad tiene en los territorios de Argentina. Por otro, buscamos establecer qué política estatal y qué estrategia de intervención social facilitan o contribuyen a que los sectores populares de zonas urbanas y rurales accedan  a la conectividad.

Como sostuvimos antes, las experiencias analizadas tienen el horizonte común de garantizar la conectividad a dichos sectores, en articulación con políticas estatales nacionales y organizaciones sociales locales y territoriales mediante tres diferentes modelos de gestión que requieren distintos niveles de participación de la comunidad.

El modelo propuesto por AlterMundi apuesta a la autogestión de redes comunitarias abiertas y libres, con un fuerte compromiso hacia el desarrollo de tecnologías para alcanzar la soberanía en esta materia así como la autonomía digital. Esto requiere tiempos más largos porque un eje fundamental de esta apuesta es la formación y la plena participación de la comunidad en todas las fases del proceso. Por su parte, el modelo de la Asociación Mutual Carlos Mugica apunta a proveer, con mayor rapidez y de forma masiva, una conectividad de buena calidad y asequible, mediante una licencia comercial de servicios de internet a precios populares y con bonificaciones a espacios comunitarios y a un porcentaje de las conexiones privadas. Por último, La Poderosa también cuenta con un modelo de redes comunitarias, aunque inscrito en el marco de una política pública para llevar conectividad a barrios populares y como parte del proyecto de una organización de envergadura nacional cuyo objetivo es la resolución de demandas sociales.

Una cuestión importante es el nivel de participación implicada en el desarrollo de estas tres experiencias. En el tendido de redes comunitarias promovido por AlterMundi, la premisa es la participación activa de la comunidad en todo el proceso, que incluye desde entender qué son las redes hasta presentar un proyecto y, sobre todo, implementarlo y mantenerlo. Por lo tanto, la participación resulta una condición para acceder a la conectividad. En la experiencia de La Poderosa, los proyectos requirieron la participación de integrantes de la propia organización y de vecinos/as/es que se fueron involucrando de manera gradual –la participación se fue acrecentando–, pero con la organización como la encargada de garantizar que los proyectos se llevaran adelante. En cambio, en la propuesta de la Mutual Mugica la participación de los/as/es beneficiarios/as/es no es una condición para acceder a la conectividad, si bien la participación social de los/as/es integrantes de las organizaciones barriales fue fundamental para la viabilidad del proyecto porque mantuvieron informados/as/es a sus vecinos/as/es y acompañaron a los/as/es operarios/as/es de la empresa de telecomunicaciones que realizaron las instalaciones.

Cabe destacar que antes de los programas impulsados en 2020 por el Ente Nacional de Comunicaciones, en Argentina no había experiencias dirigidas específicamente a garantizar el derecho a la conectividad a los sectores populares de zonas urbanas y rurales, salvo por las contadas redes comunitarias de internet en Córdoba y otras provincias, ya mencionadas. Otra excepción era la prestación de servicios de conectividad por parte de fundaciones a poblaciones originarias en provincias del Norte Grande (Venier, 2022). Esto permite hacer notar, en primer lugar, el papel pionero de las organizaciones que en este siglo impulsaron las redes comunitarias de internet en el país, para demostrar la viabilidad de un paradigma diferente en la garantía de la conectividad y su incidencia en la formulación de políticas públicas que contemplen, también en telecomunicaciones, al sector social-comunitario sin fines de lucro.

En segundo término, se pone de relieve, una vez más, la relevancia del rol del Estado como garante de derechos, en este caso, con la promoción de la conectividad por medio de políticas públicas específicas, financiamiento apropiado y cobertura nacional. Esto favoreció un cambio de envergadura en el impacto y alcance del acceso a internet para estas poblaciones. El acompañamiento de la política pública potenció experiencias que solían ser locales y atravesaban dificultades diversas, pero, fundamentalmente, de sostenimiento económico.

Los análisis de estos procesos confirman, asimismo, el papel crucial de las organizaciones locales y territoriales y de sus trayectorias, debido al conocimiento que tienen de sus comunidades –y que les permite saber necesidades, plantear demandas, favorecer la comunicación y hasta garantizar la seguridad–, así como por las articulaciones que mantienen con otros actores locales clave. En este sentido, es notable cómo la Mutual Mugica, una organización con 40 años de trabajo en los barrios de Córdoba, lleva adelante el proyecto de mayor magnitud y alcance de los previstos hasta el momento en la provincia, el cual muestra también el mayor grado de avance. En tanto, los proyectos de La Poderosa, con una trayectoria más reciente en los barrios de Córdoba, tienen un alcance mucho más acotado, pero dan respuesta a las demandas de los territorios en los que trabaja. 

Por su parte, AlterMundi, una organización de activistas digitales que articula con organizaciones de distintos territorios nacionales e internacionales, logró impactar en el diseño de políticas públicas para el sector social-comunitario, así como formar y acompañar a las organizaciones para presentar proyectos al Programa de Conectividad Roberto Arias. Al respecto, se destaca que la primera postulación aprobada por el PRA para nuestra provincia –aunque esto ha sido muy reciente y al cierre de este artículo, aún no se ha implementado– corresponde al Valle de Paravachasca, es decir, dentro del primer territorio en el que la organización desplegó una red comunitaria de internet. 

Finalmente, cabe considerar las relaciones con las empresas mercantiles como un tercer tipo de actor. Los proyectos que están siendo implementados por la Mutual Mugica y La Poderosa requieren la compra de internet a mayoristas comerciales. Para el proyecto de la Mutual –el de mayor magnitud–, la organización contrató a una empresa para la instalación del servicio, además, gestionó una licencia comercial, cobra un abono a un precio menor que el que los/as/es vecinos/as/es abonaban a prestadores privados, según se indica en sus encuestas, y hace bonificaciones. En cambio, los proyectos autogestivos que acompaña AlterMundi implican mayor presencia, tiempo y recursos de las propias comunidades y aún no han llegado a la etapa de implementación.

En síntesis, ni la política pública implementada ni el tipo de licencia elegida suponen, necesariamente, un único modelo de gestión. Las trayectorias y competencias de las organizaciones son cruciales para comprender los modelos que estas configuran y llevan a cabo. Además, los niveles de participación social requerida varían, lo cual es una cuestión central en la diferencia entre los modelos.
 

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Autoras

María Soledad Segura. Se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea y licenciada en Comunicación Social. Trabaja sobre derechos, desigualdades y políticas comunicacionales, culturales y digitales. Sobre estos temas, publicó siete libros y más de cien artículos científicos, capítulos de libros y columnas de opinión en la prensa. Coordina la Red Argentina de Investigadores/as en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos (RAICCED).

Anna Valeria Prato. Es licenciada en Psicología. Trabaja sobre organizaciones culturales comunitarias, derechos y políticas culturales. Integra la Red Argentina de Investigadores/as en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos (RAICCED). Integra organizaciones territoriales de su comunidad. También, realiza proyectos de intervención territorial, capacitaciones y producción de contenidos desde Tagua Organización Cultural Comunitaria de Unquillo, en Córdoba.

Bianca Nadina De Toni. Es licenciada y profesora universitaria en Comunicación Social y Técnica en Investigación Folclórica. Trabaja sobre derechos y políticas comunicacionales y digitales. Integra la Red Argentina de Investigadores/as en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos (RAICCED). Actualmente es presidenta de la cooperativa de trabajo Enfant Terrible, un medio digital de la ciudad de Córdoba. También se desempeña como tesorera en la Federación de Medios Digitales.