Desigualdades digitales en las comunidades indígenas del norte de Salta, Argentina

Introducción

En Salta y en Argentina, el acceso a internet es significativamente menor y más precario en las poblaciones indígenas; la presencia de computadoras y dispositivos conectivos es ocho veces menor y la velocidad de conexión es casi nueve veces más lenta en hogares indígenas que en hogares no indígenas. Estas brechas no son únicamente digitales; derivan de las históricas desigualdades estructurales (Segura, 2021), acrecentadas en los últimos años con el aumento de los usos de la internet. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que el acceso a internet es necesario para el ejercicio de otros derechos, por lo tanto, indagar en las condiciones de conectividad en poblaciones con profundas desigualdades indicaría otra forma de vulneración a los derechos humanos fundamentales. En ese contexto, dicho acceso fue imprescindible, por ejemplo, como medio para inscribirse a programas asistenciales u obtener turnos en oficinas públicas y hospitales. En la digitalización que el Gobierno ha implementado, que como principio busca ampliar y facilitar el acceso a derechos, no ha considerado las condiciones, recursos y capacidades de conectividad a internet en los territorios habitados por las comunidades indígenas del norte argentino, lo cual ha contribuido a profundizar las asimetrías sociales y económicas (Dieuzeide, 2020).

La provincia de Salta alberga 14 naciones originarias de América, cada una con sus propias características identitarias. Un número importante de esa población mantiene prácticas tradicionales de existencia en más de 500 comunidades indígenas (INAI, s.f.) distribuidas por todo el territorio provincial, en particular, en áreas periurbanas y rurales. El noreste aloja a más del 50 % del total de las comunidades y constituye el territorio con la mayor presencia de población indígena de toda la Argentina y el mayor porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este concepto es un indicador, medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que facilita la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de ingresos.

Entre las necesidades básicas, actualmente debemos incluir el acceso a internet en razón de que la conectividad conforma un catalizador para el desarrollo social, cultural y económico, así como una herramienta para garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero en ese marco de desigualdades, la internet deja de asumir su apuesta democratizadora, incluyente y promotora del desarrollo para convertirse en un factor de exclusión que agudiza las asimetrías expresadas en la región. 

En las comunidades relevadas donde hay acceso a internet, las posibilidades de aprovechar las tecnologías digitales para mejorar las condiciones materiales resultan insuficientes porque no se cuenta con conexión regular de alta velocidad ni dispositivos adecuados. Aquí se vuelve relevante el concepto “conectividad significativa”, de la Alianza para una Internet Asequible (A4AI, por sus siglas en inglés), ya que, aunque en las estadísticas se afirma que el 85 % de la población usa internet (UIT, 2020), siguiendo la actual definición de acceso a internet de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), cientos de miles de personas carecen de la conectividad necesaria para aprovecharla en todo su potencial. En términos de infraestructura, el alcance y la calidad del acceso a internet asegurados por una conectividad significativa son consecuencia de las políticas de banda ancha (A4AI, 2022): los operadores comerciales de internet no encuentran rentabilidad para invertir en la conexión de última milla en ciertas poblaciones y el Estado no cuenta con los recursos necesarios para suplir esto. 

Las inequidades ponen en suspenso las expresiones de principios y voluntades suscritas por los Estados en documentos y declaraciones, como lo comprometido en la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, para desarrollar capacidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en pueblos originarios y promover el desarrollo de contenidos en idiomas indígenas (UIT, 2006). En un sentido similar, la Declaración de Buenos Aires de la Conferencia Mundial para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (WTDC, por sus siglas en inglés), de 2017, reconoce que es necesario alcanzar la integración en el ámbito digital al propiciar y facilitar el acceso universal a las TIC incluyendo a los pueblos indígenas (ITU, 2017). La postergación de esta integración implica un retraso para alcanzar las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015).

En virtud de estas consideraciones, como objetivo general nos proponemos analizar las desigualdades en el acceso a internet en poblaciones indígenas de dos departamentos de Salta, Argentina, teniendo en cuenta como indicadores para evaluar una de las dimensiones de dicha desigualdad a la cobertura, la conectividad, la calidad del servicio, la asequibilidad y el equipamiento.

Enfoque metodológico y conceptual^[1]

En este trabajo planteamos examinar las condiciones diferenciales de acceso a internet durante los años 2021 y 2022 en las comunidades indígenas que habitan los departamentos General José de San Martín y Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta, Argentina, región a la que se le denomina “chaco salteño”. En el estudio se asume la perspectiva de los derechos humanos, para lo cual se retoman los principios de acceso, pluralidad, diversidad, participación y equidad, que sostienen la comunicación como derecho humano (MacBride, 1980). En el contexto latinoamericano, esto también es aplicable al entorno digital mediante la nominación “derechos digitales”, lo cual involucra el acceso y uso de las tecnologías de la digitalización y la conectividad, la producción, el acceso a la información pública y la protección de datos personales (Segura, 2021; Bizberge y Segura, 2020). En sentido amplio, los derechos digitales implican la protección y realización de derechos existentes, ya consagrados en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano –que rige en Argentina–, en el marco de las nuevas tecnologías digitales y de conectividad (OEA, 2011; 2015; Lanza, 2017). En particular, los derechos digitales abarcan los derechos de acceder, usar, crear y publicar todo tipo de información por medios digitales, así como los de acceder y utilizar dispositivos electrónicos y redes de telecomunicaciones (Bizberge y Segura, 2020). 

Para encuadrar el estudio, recuperamos algunas definiciones promovidas desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Souter y Spuy, 2019), en las que se plantea que el objetivo de la universalidad de internet se alcanza cuando se cumplen los siguientes cuatro principios, identificados como DAAP: D) internet respetuosa de los derechos digitales y los derechos humanos; A) abierta a todas las personas; A) accesible y asequible en relación con aspectos técnicos, económicos y sociales, y P) que contempla la participación de múltiples actores como Gobiernos, sector privado y sociedad civil (multi-stakeholder). En específico, nos propusimos relevar las condiciones de desigualdad en las que se verifica el principio de acceso a internet, el cual hace referencia a las posibilidades de lograr una conectividad significativa que implica calidad, asequibilidad, estabilidad y velocidad de la conexión en las poblaciones. 

Para pensar las desigualdades en el entorno digital, nos remitimos al planteo de Segura (2021), quien entiende que la brecha digital es una expresión de las asimetrías y jerarquizaciones “que se basa en y, a la vez, refuerza otras inequidades e injusticias de clase, género, generación, etnia y lugar geográfico que se habita (rurales y urbanas, urbanas formalizadas o informales, provincias de un país, etc.)” (p. 193), por lo que resulta más apropiado hablar de desigualdades digitales y no de brechas. En este sentido, Benítez Larghi y Guzzo (2022) sugieren que las desigualdades digitales son

[…] aquellas desigualdades sociales relacionadas con los procesos de acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales en los contextos de la vida cotidiana, atendiendo a la construcción diferencial de conocimientos a través de distintos soportes objetivos, subjetivos e intersubjetivos y a los modos en que estas diferencias son percibidas por los sujetos para establecer sus posiciones relativas (p. 5). 

El análisis de las condiciones de acceso a internet involucró diversas operaciones metodológicas. En primer lugar, la elaboración de una grilla de indicadores que ayudaran a dar cuenta de la dimensión de las desigualdades en el acceso a los derechos digitales en las poblaciones indígenas, y que son: 1) la brecha de cobertura; 2) infraestructura de conectividad; 3) la calidad de los servicios (velocidad y estabilidad del servicio revisando el promedio de velocidad de bajada y rangos de velocidad); 4) la asequibilidad del servicio de internet (costos de los servicios en relación con los ingresos de los hogares), e 5) identificación de los tipos de dispositivos y tecnologías de conexión.  

Una vez definidos estos indicadores, recopilamos información pública disponible de fuentes gubernamentales, académicas y empresariales. A efecto de verificar la validez de los datos de conectividad recuperados, se registró la cobertura y la calidad de la conectividad mediante la aplicación Opensignal en 18 puntos correspondientes a áreas donde se encuentran poblaciones originarias. Ante la escasa información sobre las condiciones de acceso y uso de internet en poblaciones indígenas, recurrimos a una estrategia inferencial utilizando fuentes de datos sobre esta población y analizando resultados de las pruebas Aprender 2021. Estas pruebas, implementadas por el Ministerio de Educación de la Nación, evalúan los aprendizajes de estudiantes de sexto grado de todas las escuelas del país, además, incorporan información de algunas condiciones del contexto en el que los y las estudiantes se desarrollan. A partir de esa base de datos, desagregamos los establecimientos de zonas rurales en los que más de un 50 % de los y las estudiantes manifestó ser parte de una familia indígena, y luego procesamos las siguientes variables: conexión a internet en el hogar, disponibilidad de computadora para tareas escolares, servicios de streaming por suscripción, tipo y cantidad de dispositivos en el hogar. De forma paralela, realizamos un trabajo de relevamiento en dos comunidades indígenas ubicadas en el área de estudio, mediante entrevistas a habitantes y a referentes de organizaciones que trabajan en el territorio. 

Condiciones generales de vida de la población indígena en el área de estudio

La región abarcada por los departamentos General San Martín y Rivadavia, en la provincia de Salta, posee una gran diversidad cultural, con 14 pueblos originarios (wichi, chorote, chulupí, weenhayek, iogys, tapiete, qom o toba, guaraní y chané) organizados en 311 comunidades reconocidas por el Estado argentino –número de comunidades con personería jurídica e inscriptas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI, s.f.)–, que luchan por mantener sus formas de existencia a pesar del proceso histórico de sometimiento, estigmatización, discriminación, marginalización y desplazamientos al que fueron sometidas.

De acuerdo a las cifras oficiales disponibles del censo poblacional del INDEC, en 2010 la población indígena en la provincia representaba el 6.6 % del total de sus habitantes, con una cantidad que llegaba a las 79 mil personas, de las cuales poco menos de la mitad vivía en áreas rurales. Cuando revisamos este indicador desagregando los datos por etnia, encontramos niveles mayores de ruralidad en los pueblos wichí y chorote, con 60 % y 61 %, respectivamente, chané con 34 %, guaraní con 27 % y toba con 20 % (INDEC, 2015). Con altos porcentajes de población “no económicamente activa” y de desocupación, la porción más grande de la población indígena rural no posee ingresos monetarios por empleo formal^[2]. Una caracterización del relevamiento de la situación de las comunidades indígenas de Salta, realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de la Universidad Nacional de Salta, muestra que sus modos de reproducción son de subsistencia combinando “prácticas productivas tradicionales con otras estrategias como el intercambio u otras fuentes de ingreso monetario que suelen ser intermitentes, estacionales, exiguas e insuficientes para la manutención de las familias durante todo el año” (ICSOH-CONICET-UNSa, 2020, p. 25). Esta condición genera una elevada dependencia de ayudas sociales a través de programas del Estado nacional como los asistenciales Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas (PNC), Plan Progresar o Tarjeta Alimentar, y de empleo como Potenciar Trabajo y Entrenamiento Laboral para Comunidades Indígenas, a los que acceden los miembros de las comunidades indígenas.

Los indicadores educativos expresan un acceso desigual entre la población indígena y no indígena con un 10 % de analfabetismo en la población indígena mayor de 10 años. En cuanto al nivel educativo alcanzado por los adultos mayores de 20 años que asistieron a un establecimiento educativo, el 35.7 % tiene primario incompleto; el 30.2 %, primario completo; el 13.1 %, secundario incompleto; el 13.3 %, secundario completo, y el 7.7 % alcanzó niveles superiores (INDEC, 2015, p. 77).

En relación con las condiciones de vida, los datos estadísticos más recientes con que se cuenta provienen de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), realizada en los años 2004 y 2005 (INDEC, 2005). Aunque pueden resultar desactualizados, estos datos sirven de referencia para describir las características de la población de estudio. En una provincia donde los índices de NBI son altos –un 19.4 % de los hogares–, las condiciones de vida en el territorio habitado por poblaciones originarias resultan más precarias que las de la población no indígena: en el departamento General San Martín se registran entre un 25 % y un 30 % de hogares con NBI, y en el de Rivadavia, entre un 30 % y un 49 % (De Grande y Salvia, 2019).

Según el informe Situación de los aborígenes en la provincia de Salta (Cid, 2004), elaborado con datos del Censo 2001, las necesidades básicas insatisfechas discriminan, de manera significativa, entre los hogares indígenas y el resto de los hogares. Por su parte, en el informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas del país, del ICSOH, se expresa que “estas desigualdades dan cuenta del lugar marginal que los pueblos originarios tienen dentro de la estructura social salteña” (ICSOH-CONICET-UNSa, 2020:16). En este contexto la situación de las poblaciones indígenas asentadas en espacios rurales o periurbanos resulta más problemática con el avance de la frontera agropecuaria. La posibilidad de cultivar tierras que antes eran improductivas ha desencadenado conflictos entre los pobladores originarios y las empresas agrícolas obligando a reubicar los asentamientos.

Desigualdades en el acceso a internet en las comunidades indígenas de Salta 

La brecha de cobertura

La brecha de cobertura es entendida como la posibilidad de que una persona pueda consumir, o no, los servicios ofrecidos por las TIC, es decir, “la existencia o intensidad de las señales sobre el territorio para hacer factible el acceso” (Olmedo, 2022, p. 107) o la conectividad. En la provincia de Salta, esta situación se debe a la falta de inversión pública o privada en la conectividad de última milla, o bien, a la inexistencia de infraestructura de conectividad (red de fibra óptica o de celular) en las poblaciones y asentamientos más aislados. 

De acuerdo al mapa de cobertura de internet del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en los departamentos General San Martín y Rivadavia hay 35 localidades de más de 200 habitantes, de las cuales nueve no poseen cobertura de ningún tipo. Cuando se analiza el mapa de telefonía 3G y 4G de las empresas que prestan servicios en la región y la red de fibra óptica, se advierte que el acceso a internet se encuentra en puntos que coinciden con las localidades ubicadas sobre la ruta nacional 34, en tres puntos de la ruta 81 y en uno de la ruta 54; en el resto del territorio, que comprende una extensa zona rural, no hay algún tipo de conexión. Las comunidades indígenas próximas a la línea fronteriza con el Estado Plurinacional de Bolivia logran conectarse de forma precaria a través de las empresas de telefonía boliviana, pero esa conexión sólo les permite hacer llamadas y mensajería (Gaspar, 2022). De las 311 comunidades indígenas, 51 se encuentran fuera del área de cobertura de cualquier servicio de conectividad, 151 están ubicadas en zonas rurales con conectividad limitada a la red de telefonía móvil de 3G y 4G, y 78 están en zonas periurbanas con posibilidad de conectividad móvil y, en menor medida, por cable módem. Del total, 55 estarían en zonas urbanas con posibilidad de conectividad significativa. 

 

Figura 1. Mapa de la brecha de cobertura en localidades y comunidades indígenas en San Martín y Rivadavia, 2021-2022

Fuente: elaboración propia con base en datos abiertos del ENACOM sobre conectividad al servicio de internet 2022 (https://indicadores.enacom.gob.ar/datos-abiertos) y del registro de comunidades originarias argentinas del INAI (https://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas).

 

Conectividad

Según los indicadores de la UNESCO, la conectividad se refiere a la disponibilidad de redes con suficiente capacidad y confiabilidad para el acceso y uso de internet. La conectividad es factible en la medida en que haya cobertura de servicio de internet e implica condiciones y modalidades de conexión que suelen medirse en términos de penetración, infraestructura y tecnologías. Esto determina la velocidad de la conexión. Por su parte, los datos del ENACOM muestran que el promedio de la penetración de internet fija en los hogares de Argentina tuvo un crecimiento durante la pandemia, pasando de un 63 % en 2019 a un 68 % y un 74 % en 2020 y 2021, respectivamente. La provincia de Salta experimentó un crecimiento similar al de la media nacional, aunque los valores de cantidad de conexiones a internet fija por cada 100 hogares se encuentran en un 55 % y en el área de estudio alcanzan un 29 por ciento.

 

Figura 2. Cantidad de conexiones a internet fija por cada 100 habitantes

Fuente: elaboración propia con base en datos abiertos del ENACOM sobre conectividad al servicio de internet, consultados en agosto de 2022 (https://indicadores.enacom.gob.ar/datos-abiertos).

 

Si observamos la conectividad en áreas rurales del país, el estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en conjunto con el ENACOM, muestra que el 40 % de los parajes rurales carece de conectividad. Los datos surgen del relevamiento, durante noviembre de 2020 y mayo de 2021, de 311 parajes, los cuales en un 80 % están ligados a la agricultura familiar (INTA y ENACOM, 2021); además, tienen menor cantidad de habitantes y mayor falta de conectividad. El 85.6 % de los parajes sin conectividad tiene menos de 500 habitantes y en el 19.3 % de estos hay población indígena e índices que superan el 60 % de inaccesibilidad (INTA y ENACOM, 2021).

En la tabla 1 podemos advertir la falta de infraestructura de acceso a internet en muchas de las localidades del área de estudio. Esas localidades se corresponden con las de mayor porcentaje de población indígena, y allí encontramos que, en 2022, la cantidad de conexiones fijas era menor de una por cada 100 habitantes.

Tabla 1. Cantidad de conexiones fijas a internet por cada 100 habitantes en localidades con presencia de población indígena en San Martín y Rivadavia, 2022

Localidad	Cantidad de conexiones	Cantidad de habitantes	Conexiones cada 100 habitantes
Pacará	0	350	0
Padre Lozano	0	924	0
Piqurenda	1	909	0,11
Recaredo	0	360	0
Tobantirenda	3	1529	0,20
Tranquitas	0	1893	0
Yacuy	3	3035	0,10
Campichuelo	0	612	0
Carboncito	0	955	0
Hickman	0	1449	0
Misión chaqueñas	10	2343	0,43
Misión El cruce, El milagro, El jardín de San Martín	0	2393	0
Misión Kilómetro 6	0	2306	0
Misión tierras fiscales	0	983	0
Alto la sierra	6	810	0,74
Hito 1	0	111	0
Santa María	0	1056	0
Santa Rosa	0	777	0

Fuente: elaboración propia con base en datos abiertos del ENACOM sobre conectividad al servicio de internet, consultados en agosto de 2022 (https://indicadores.enacom.gob.ar/datos-abiertos).

 

Las tecnologías de acceso conforman un indicador que determina la conectividad significativa. De acuerdo a nuestros relevamientos de campo y a los estudios consultados, en las comunidades indígenas hay mayor incidencia de acceder a internet a través de tecnologías móviles, lo que le pone un techo a la capacidad de transferencia de datos. En la región analizada, las tecnologías más utilizadas son telefonía móvil, fibra óptica y satelital; esta última con presencia en las pocas escuelas rurales conectadas mediante programas del Gobierno nacional o provincial. La red 4G está disponible en 23 de las 36 localidades, la internet satelital posee conexiones en 11 –que corresponden a escuelas conectadas por el Gobierno–, el cable módem tiene presencia en tres y la conexión por fibra óptica está disponible en 15 localidades. 

Si analizamos la cantidad de abonos por cada tecnología, encontramos que el cable módem y el ADSL sumados representan alrededor del 90 % de las conexiones de internet fija. Esas proporciones en cantidad de accesos se deben a la tecnología de conexión predominante en las cinco ciudades más pobladas del área (Tartagal, Aguaray, Mosconi, Embarcación y Salvador Mazza), que, a su vez, son las que concentran la mayor cantidad de conexiones totales.

Como mencionamos en los apartados anteriores, la mayor desigualdad en el acceso a internet se verifica en las poblaciones rurales y comunidades indígenas, donde la cobertura es limitada o inexistente. En virtud de ello, la conectividad se realiza mediante telefonía celular, con un único proveedor del servicio, pero la situación más común es que esta se realice a través de un punto de acceso institucional cedido por organismos gubernamentales, hospitales o escuelas, que poseen conexión facilitada por las políticas públicas del Gobierno nacional^[3] o provincial. En el caso de las escuelas públicas –la institución oficial con mayor presencia en el territorio–, la tecnología más usual de acceso a internet es la satelital, provista por la empresa estatal ARSAT a partir del programa Conectividad en escuelas rurales.  

Por su parte, los datos desagregados de las pruebas Aprender 2021 muestran que el 24 % de la población indígena cuenta con servicio de internet en el lugar donde vive, aunque no se aclara si la conexión es domiciliaria o de acceso público abierto. Habría que confrontar este dato con la conectividad mediante dispositivo móvil, que alcanza al 44 % de esta población, según el mismo relevamiento, y a la cual se accede con la compra de paquetes de datos prepagos, no por abono mensual al servicio. De igual forma, en el informe sobre la situación de comunidades indígenas frente al COVID-19 –antes referido–, se indica que en Salta estas poblaciones no acceden a internet por falta de conexión, imposibilidad de pagar un servicio, una conexión inestable cuando se logra el acceso, dispositivos obsoletos o porque se cuenta sólo con un dispositivo (computadora o celular) para uso y acceso de todos los integrantes del grupo familiar (ICSOH-CONICET-UNSa, 2020). Esta realidad también la hemos podido relevar en las comunidades visitadas para el estudio.

Calidad

Analizar las asimetrías en el acceso a internet implica dar cuenta de la calidad de la conectividad, medida en velocidad y estabilidad. Estos valores están asociados a las tecnologías de acceso tales como fibra óptica, ADSL, cable módem, inalámbrica (wireless), satelital, 3G y 4G. 

Tabla 2. Tecnologías de acceso a internet disponibles en localidades de San Martín y Rivadavia, 2022

Localidad	ADSL	Cable módem	Fibra óptica	Satelital	Wireless	Telefonía fija	Telefonía móvil
Pacará	—	—	—	—	—	—	—
Padre Lozano	—	—	—	—	—	—	SÍ
Piquirenda	—	—	SÍ	—	—	—	—
Profesor Salvador Mazza	SÍ	—	SÍ	SÍ	—	SÍ	SÍ
Recaredo	—	—	—	—	—	—	—
Tartagal	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Tobantirenda	—	—	SÍ	—	—	—	—
Tranquitas	—	—	—	—	—	—	—
Yacuy	—	—	SÍ	—	—	—	SÍ
Aguaray	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Campamento Vespucio	SÍ	—	SÍ	SÍ	—	SÍ	SÍ
Campichuelo	—	—	—	—	—	—	SÍ
Campo Durán	—	—	SÍ	—	—	—	SÍ
Capiazuti	—	—	—	—	—	—	SÍ
Carboncito	—	—	—	—	—	—	—
Coronel Cornejo	SÍ	—	—	SÍ	—	SÍ	SÍ
Dragones	—	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Embarcación	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	—	SÍ	SÍ
General Ballivián	—	—	SÍ	SÍ	—	—	SÍ
General Mosconi	SÍ	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Hickman	—	—	—	—	—	—	SÍ
Misión Chaqueña	—	—	—	—	—	—	—
Misión El Cruce – El Milagro – El Jardín de San Martín	—	—	—	—	—	—	SÍ
Misión Kilómetro 6	—	—	—	—	—	—	—
Misión Tierras Fiscales	—	—	—	—	—	—	—
Alto de la Sierra	—	—	SÍ	—	SÍ	—	—
Capitán Juan Pagé	—	—	—	—	SÍ	—	—
Coronel Juan Solá	SÍ	—	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Hito 1	—	—	—	—	—	—	—
La Unión	—	—	—	—	—	—	SÍ
Los Blancos	—	—	—	—	SÍ	—	SÍ
Pluma de Pato	—	—	—	—	SÍ	—	SÍ
Rivadavia	—	—	SÍ	—	—	—	SÍ
Santa María	—	—	—	—	—	—	—
Santa Rosa	—	—	—	—	—	—	—
Santa Victoria Este	SÍ	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Fuente: elaboración propia con base en datos abiertos del ENACOM sobre conectividad al servicio de internet, consultados en agosto de 2022 (https://indicadores.enacom.gob.ar/datos-abiertos).

 

En la tabla 2 se observa que las localidades del área de estudio con más de 10 mil habitantes, como Tartagal, Mosconi, Aguaray, Embarcación o Salvador Mazza, poseen diversas tecnologías de acceso a internet; sin embargo, en aquellas con menos población, la mayor disponibilidad de tecnologías es la telefonía móvil. 

En cuanto a la velocidad de bajada de internet fija, esta se encuentra, en promedio, entre los 8 Mbps en las provincias patagónicas, 31 Mbps en Salta y 78 Mbps en la ciudad de Buenos Aires (Iovanna et al., 2022, p. 26). En el área de estudio, las localidades con conectividad significativa son las ciudades de Tartagal, Mosconi, Aguaray y Embarcación, con un rango de velocidad de bajada que llega a 50 Mbps. En el resto de las localidades con cobertura de internet fija, la velocidad máxima de bajada registrada es de 10 Mbps, aunque predomina la ubicada entre los 2 Mbps y los 6 Mbps.   

Figura 3. Velocidades de bajada de internet fija en localidades de San Martín y Rivadavia, 2022

Fuente: elaboración propia con base en datos abiertos del ENACOM sobre conectividad al servicio de internet, consultados en agosto de 2022 (https://indicadores.enacom.gob.ar/datos-abiertos).

 

En el caso de la internet móvil, los registros fueron hechos en territorio con la aplicación Opensignal; los valores en los centros urbanos mostraban hasta 60 Mbps de velocidad de bajada y en el resto de las localidades y comunidades con cobertura, las mediciones se encontraban entre los 2 Mbps y los 4 Mbps. 

Asequibilidad

La asequibilidad se refiere al porcentaje del ingreso que un hogar necesita para que el pago de un servicio o la adquisición de un dispositivo no represente una carga que afecte la disposición de otros bienes o servicios. Según la UIT (2021), el umbral de asequibilidad debería estar dentro del 2% de los ingresos de un hogar. 

Respecto a los abonos a internet, según el reporte CABASE Internet Index (Cámara Argentina de Internet, 2020), para la ciudad capital de Salta, en 2019 ese porcentaje fue del 3 % del ingreso promedio de la ciudad. Por consiguiente, considerando los costos de los abonos de aquel año, cerca del 70 % de los hogares se encontraba por encima de ese umbral, es decir, el gasto resultaba significativo. En 2021 esa situación cambió ya que, de acuerdo con Argañaraz (2021), entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 Argentina fue el país con mayor aumento en el precio del abono, pero también el de mayor caída del precio relativo del abono a servicios de telefonía e internet: 26.7 %. Esta reducción en los precios podría ser adjudicada a las políticas públicas del Estado nacional para la regulación de tarifas, así como a la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU), pero también a la diversificación del mercado minorista; según el registro del ENACOM y relevamiento en sitios de internet, en Salta hay más de 60 prestadores de servicios de TIC, que ofrecen planes de conectividad a internet. A pesar de la disminución del precio relativo de los abonos, tal como vimos en el análisis de la conectividad y de la calidad, las asimetrías socioeconómicas condicionan la posibilidad de acceso a un servicio de internet fija que habilite una conectividad significativa, ya que los niveles de pobreza e indigencia, medidos en el segundo semestre de 2021, alcanzan el 30 % y el 5.9 %, respectivamente, de los hogares en la ciudad de Salta y su conglomerado (INDEC, 2022).

A partir de la situación laboral de la población indígena, descrita en el informe del ICSOH (ICSOH-CONICET-UNSa, 2020), estimamos los ingresos monetarios fijos de las familias con base en el cálculo de las percepciones provenientes de los programas asistenciales y de empleo del Gobierno nacional^[4]. El relevamiento realizado en dos comunidades indígenas (Pérez y Chiripa) de la localidad General Mosconi revela que la modalidad para la conexión a internet es mediante la compra de paquetes de datos móviles –no por abono–, por lo que el gasto de un paquete de datos básico de 4 Gb para un dispositivo móvil en un hogar representaría de un 2 % a un 3 % de sus ingresos. En el caso de la banda ancha, el abono mensual más económico para conexión por cable módem de 5 Mbps de velocidad representa entre el 5 % y el 10 % de los ingresos totales de una familia indígena. 

En cuanto a los dispositivos, tomamos como referencia los conectivos con las prestaciones más básicas existentes en el mercado para teléfonos celulares, tabletas y notebooks. Una familia indígena tendría que invertir una tercera parte de sus ingresos para adquirir un celular o una tableta básica, y más de todo su ingreso mensual para una computadora.

Uso y disponibilidad de dispositivos conectivos

La última de las dimensiones relevadas para conocer el estado del acceso a internet en las comunidades concierne al equipamiento o dispositivos conectivos. Una conectividad significativa con la que sea posible aprovechar la multiplicidad de recursos de la internet requiere de un entorno tecnológico con disponibilidad de dispositivos funcionales y operativos para tareas en y fuera de línea. 

En el estudio de Iovanna Caisson et al. (2022, p. 35) se señala que el teléfono celular es el dispositivo más usado en Argentina para acceder a internet, y que la disposición de computadoras alcanza, como promedio nacional, al 64.2 % de los hogares relevados en la Encuesta Permanente de Hogares.

El análisis de esta dimensión fue elaborado con datos e informes de organismo públicos sobre el uso y la disponibilidad de dispositivos para el acceso de pueblos originarios a internet, y complementado con observación de campo en dos comunidades.

Además, a partir del análisis de las pruebas Aprender, de los relevamientos realizados en las comunidades y de los estudios consultados (ICSOH-CONICET-UNSa, 2020), se observa que el uso más extendido de los dispositivos con conexión a internet son las aplicaciones de mensajería, redes sociales (casi de manera exclusiva Facebook) y YouTube. Las plataformas de streaming de video o audio por suscripción prácticamente no tienen uso en las comunidades. Según el cuestionario de las pruebas Aprender, el 20 % de los y las estudiantes respondió que había usado redes sociales en el último mes fuera del horario escolar; también, cuando se les preguntó si en el hogar había alguna suscripción a servicios de streaming, sólo el 2.7 % contestó de manera afirmativa.

Los datos censales existentes sobre el uso de computadoras en población indígena datan del año 2010 y muestran que Salta se ubica entre las tres provincias con las tasas más bajas, con un 19 % de dicho uso (JGM y Secretaría de Innovación Pública, 2021). 

De igual forma, el análisis de las pruebas Aprender 2021 revela que en las escuelas rurales con presencia predominante de estudiantes indígenas, sólo el 13 % de ellos tiene una computadora en casa y el 6 %, una tableta, mientras que el 44 % cuenta con uno o más celulares en el hogar, con conexión a internet, y el 54 % puede disponer de uno para conectarse a internet en caso de necesitarlo.

La realidad observada en las comunidades relevadas posibilita corroborar los datos antes referidos, ya que se verifica, por un lado, una muy escasa presencia de computadoras en los hogares y, por otro, una penetración creciente del celular como dispositivo principal para acceder a diversos recursos en internet.

Políticas públicas implementadas por organismos gubernamentales  para promover el acceso a internet en las comunidades indígenas

Las políticas en materia de expansión de infraestructura de conectividad por parte del Estado nacional se vieron fortalecidas en el año 2010 con el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada (Decreto 1552/2010) en el que, entre otros objetivos, se propuso ampliar la capacidad de conectividad con la construcción de la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO). En 2014 se sanciona la Ley N. 27.078 Argentina Digital, que declara de interés público el desarrollo de las TIC, las telecomunicaciones y los recursos que permiten el acceso a estas; además, postula garantizar la neutralidad de la red y establecer las condiciones para la explotación de las redes. Las políticas emanadas de este marco normativo fueron implementadas desde el ENACOM, con lo cual se habilitaron programas para extender los servicios de internet y controlar la calidad de la conexión que brindan las empresas. Otro de los aspectos importantes fue la creación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, integrado con los aportes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones equivalentes al uno por ciento del total de los ingresos devengados por su prestación, netos de los impuestos y tasas que los graven. Dicho fondo otorga aportes no reembolsables a prestadores de servicios de TIC que ofrezcan internet en zonas de menos de 10 mil habitantes (Ley 27.078/2014, art. 21).

En 2020, y a partir de las desigualdades en términos de conectividad catalizada por la pandemia, el Poder Ejecutivo nacional lanzó el Plan Nacional de Conectividad “Conectar 2020-2030” (JGM, 2020) para universalizar el acceso a los servicios de TIC y banda ancha. Los proyectos de ARSAT, como Puntos WIFI (ARSART, 2022a), Wi-Fi en plazas municipales (ARSAT, 2022b), Instalación de Vsats en Centros de Salud (ARSAT, 2022c) y Conectividad en escuelas rurales, fueron relevantes para las poblaciones distantes de la red de fibra óptica y que no contaban con cobertura de telefonía móvil. 

Las políticas antes referidas son de carácter universal; entre aquellas enfocadas en los pueblos originarios se encuentra el Programa de Conectividad para Redes Comunitarias en Comunidades Rurales y de Pueblos Originarios Roberto Arias (ENACOM, 2021), para el despliegue de infraestructura de acceso a servicios de TIC comunitarias, las cuales están conformadas por organizaciones sin fines de lucro. En el área de estudio no se encontraron iniciativas en el marco de esta política, pero sí se relevaron dos experiencias para la conectividad en territorios indígenas, dinamizadas por la red comunitaria Misión Grande y Gran Chaco Nanum Village, ambas, organizaciones no gubernamentales (Venier, 2022).   

Para asegurar la conexión, desde el Gobierno nacional se implementaron políticas de acceso a dispositivos conectivos. Uno de los programas con mayor impacto fue Conectar Igualdad, que consistió en la entrega de netbooks (computadoras subportátiles tipo Classmate PC) a estudiantes de escuelas primarias y secundarias con el objetivo de reducir las brechas digital, educativa y social en el territorio argentino. Si bien el programa contó con gran relevancia en todo el país, no propuso una estrategia específica con comunidades indígenas (JGM y Secretaría de Innovación Pública, 2021), por lo que los niveles de apropiación y usos en estas comunidades no tuvieron la misma repercusión que en poblaciones urbanas y no indígenas, tal como se mencionó más arriba. 

Cabe añadir que durante la pandemia se implementó el Programa Conectando con Vos, que promueve el acceso a equipamiento para la participación e integración de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, y mediante el cual se entregaron tabletas en diversas comunidades indígenas (Secretaría de Prensa y Comunicación, 2021). 

Conclusiones 

En este estudio nos propusimos describir y visibilizar las condiciones de acceso a internet en las poblaciones indígenas que habitan en el extremo norte de la provincia de Salta, a partir del análisis de un conjunto de datos e información de fuentes documentales y testimoniales, así como de la referencia de indicadores de accesibilidad, establecidos por la UNESCO para la formulación y seguimiento de políticas de universalidad de internet. 

Con base en los datos analizados, es posible advertir asimetrías en las distintas dimensiones que dan cuenta de las condiciones de acceso de las poblaciones indígenas a internet cuando comparamos los mismos indicadores en las poblaciones urbanas de la región y, más aún, en las provincias del centro de la Argentina. Estas desigualdades son expresión de una ampliada y dinámica reproducción de las inequidades persistentes y profundas, que se cristaliza en una estructura social heterogénea con diversas asimetrías y bajo el modo de desarrollo predominante en América Latina durante las últimas décadas (Carniglia, 2023). Las desigualdades digitales en estas poblaciones reflejan e intensifican la situación de vulnerabilidad y atraso en la satisfacción de las necesidades básicas. La coyuntura de emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 en los años 2020 y 2021 contribuyó a la permanencia y profundización de las desigualdades. En particular, la falta de cobertura de servicios de internet en las comunidades más alejadas de los centros urbanos resultó ser un factor excluyente para acceder a políticas públicas sociales implementadas por el Estado, pero también en las áreas conectadas la insuficiencia de políticas positivas en materia de conectividad condicionó las posibilidades de las poblaciones no indígenas para acceder a internet. 

El área de estudio cuenta con amplios territorios desconectados o conexión que sólo se logra a través de telefonía móvil. En las localidades donde existe despliegue de tecnologías para internet fija, los niveles de penetración resultan menores que los de los centros urbanos. 

En relación con la calidad de la conexión, los datos también dan cuenta de profundas asimetrías: mientras que en la ciudad de Buenos Aires, en 2022, la velocidad de bajada promedio era de 78 Mbps y en la ciudad de Salta de 31 Mbps, en las localidades con poblaciones indígenas la velocidad prevalecía entre los 2 Mbps y los 6 Mbps.

En cuanto a la asequibilidad, mostramos que el gasto de los servicios a internet fija resulta significativo para la población indígena, aun teniendo en cuenta las medidas que el Gobierno nacional dispuso desde 2020 para regular los precios. Esa política resulta insuficiente en un contexto de ingresos económicos exiguos. 

Respecto al equipamiento, si bien en los centros urbanos, como Salta, los porcentajes de disponibilidad de computadora superan el 80 %, en las familias de estudiantes indígenas de sexto grado alcanzan un 13 %, siendo el celular el principal bien tecnológico de acceso a la conectividad para cerca del 50 % de esa población.

En concordancia con lo diagnosticado por el INTA y el ENACOM (2021), las poblaciones rurales carecen de conectividad por motivos vinculados sobre todo a cuestiones económicas y de asequibilidad del servicio. Pero no sólo son económicas las razones, ya que en algunas localidades, aun cuando las familias pueden disponer de una parte de sus ingresos para pagar un servicio de internet, no encuentran conectividad de última milla debido a la falta de inversión privada o pública para ese despliegue. Esta desatención, siguiendo los análisis de Segura (2020), representa “una injusticia, una desigualdad, que refuerza otro tipo de inequidad e injusticia” como la pobreza, el desamparo, el desplazamiento, la discriminación y la incomprensión en la que históricamente estuvieron sumidas las poblaciones indígenas del norte de Salta.

Tal como se concluye en el informe sobre Conectividad Rural en América Latina, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), revertir las desigualdades requiere de políticas públicas de inversión estatal en infraestructura y de “instrumentos regulatorios que incentiven la inversión privada para la llegada de los servicios a las zonas más inaccesibles para superar las brechas existentes” (Ziegler et al., 2020, p. 86).

Pero es importante que en las políticas se tengan en cuenta las particularidades culturales, pues el uso de internet es otra expresión de las experiencias críticas y creativas, por medio de las cuales las comunidades indígenas ponen en juego sus tácticas en la disputa que deben dar, de manera cotidiana, para el reconocimiento de sus modos de existencia.

Este desafío es fundamental, porque acabar con las desigualdades digitales en las poblaciones indígenas no debe ser cualquier tarea; la demanda de la conectividad por parte de los pueblos originarios no tiene como objetivo la inclusión al orden económico, social y cultural que expande la sociedad contemporánea. En las prácticas y discursos indígenas encontramos otros sentidos alimentando las demandas por la conectividad, donde la internet, más que un fin, es un medio que opera como dinamizador de procesos políticos y culturales; una herramienta más para emprender las luchas del presente y continuar con las luchas de los reclamos fundamentales para el reconocimiento de las formas de existencia de estas poblaciones.  

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Autor

Emiliano Venier. Docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta en la Carrera de Comunicación Social. Docente y miembro del Comité Académico de la Maestría en Problemáticas Contemporáneas de la Comunicación de la Universidad Nacional de Jujuy. Miembro de la Red Argentina de Investigadorxs de Comunicación y Cultura con Enfoque en Derechos (RAICCED). Director de la Revista Argentina de Comunicación, editada por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de Córdoba), magister en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales (Universidad Nacional de La Plata) y doctor en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Jujuy). Correo-e: venieremiliano@hum.unsa.edu.ar, ORCID: 0000-0003-2253-4508.