En este número de la Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital buscamos relanzar una pregunta muy amplia, pero clave, para entender el contexto actual y hacia adelante de la agenda de política pública y regulatoria del ecosistema digital en la región.
¿Cuál es el rol del Estado para promover la conectividad, la inclusión digital y la protección de derechos de usuarios de internet? La pregunta es pertinente por dos razones. Primero, porque el entorno del ecosistema digital en América Latina, como en el resto del mundo, ha evolucionado. La política digital debe adaptarse a fenómenos emergentes que surgen en cada eslabón de la cadena de valor relacionada con la conectividad. Los retos actuales no son como los que acontecieron en la década de los noventa, o a inicios de siglo.
Segundo, porque es importante poner foco en las áreas de política pública y regulatoria que presentan puntos ciegos como en los retrovisores de un automóvil: a veces la inercia de la visión pública atrofia la capacidad de los Estados para responder de manera efectiva, eficiente y oportuna ante temas clave antes, durante y posterior a la conexión a internet.
De esta manera, es fundamental hacer un repaso del proceso técnico, regulatorio, y de política pública para procurar la instalación de infraestructura y la sostenibilidad financiera de la conectividad. Además, para adecuar las regulaciones tanto de las telecomunicaciones como de la gobernanza de internet, pasando también por las agendas y programas gubernamentales que ponen foco en llevar conectividad en donde aún existen brechas.
Pero ¿dónde comienza el proceso de llevar conectividad a la sociedad y sus sectores productivos? Y, ¿cuál debe ser la agenda contemporánea para este continuo de la conectividad?
En este sentido, la industria de las telecomunicaciones y especialmente el desarrollo de las redes móviles de última generación es la base de la transformación digital. Si bien aún existen aspectos pendientes de cobertura y brecha de uso con 4G, por ejemplo, para 5G es necesario que la planificación de corto y mediano plazo se centre en lo esencial: acceso eficiente a suficiente espectro y condiciones adecuadas para el despliegue de infraestructura con una lógica de inclusión digital y no de recaudación o trabas regulatorias que entorpecen su avance.
En un análisis sobre los procesos de asignación de espectro 5G en América Latina, Marcos Orteu y Eugenia Navarro nos presentan lecciones de países en la región que han avanzado en las subastas de espectro para esta tecnología. Este es un ejercicio que pone en contexto el potencial del 5G para la eficiencia, mayor velocidad para nuevas aplicaciones intensivas en tráfico de datos, conectividad masiva de dispositivos para el Internet de las cosas y FWA (Fixed Wireless Access), así como sus retos más urgentes relacionados con los riesgos para las inversiones en espectro e infraestructura, las condiciones económicas de la industria y la necesidad de mejores marcos regulatorios y de gestión del insumo para las telecomunicaciones.
Sin embargo, el tema de los desafíos de infraestructura no se limita a la conectividad para el servicio de telecomunicaciones. Ante el surgimiento de tecnologías como la Inteligencia Artificial se antoja imprescindible relanzar una discusión sobre las capacidades de infraestructura de cómputo, nube y centros de datos necesarias para explotar los beneficios de la IA e incluso detonar un debate alrededor de su consumo energético y otros riesgos para sustentabilidad relacionada con el ecosistema digital emergente. Pero también sobre políticas públicas que influyen en su desarrollo, el diseño de estrategias nacionales y regionales. En este sentido, Joaquín Maquieira Alonzo analiza las fortalezas y debilidades de las políticas sobre infraestructura para IA en Argentina, Chile y Brasil, y concluyen sobre la necesidad de una mayor cooperación entre países, como entre el sector privado y público para delinear una ruta que prepare a la región para explotar el potencial de la IA.
Más adelante en la cadena de valor, una vez que el espectro y la infraestructura están disponibles para ofrecer servicios de telecomunicaciones en el mercado, la conectividad se enfrenta con uno de sus mayores retos actuales: el cierre de brechas de cobertura y aprovechamiento por parte de los usuarios. Si bien existen avances en el cierre de brechas en la región, continúan dificultades para alcanzar de manera rentable a las personas desconectadas, geográficamente alejadas de centros urbanos, y problemas de asequibilidad de dispositivos y servicios. En este eslabón, el rol del Estado toma una relevancia particular para atender las fallas de mercado e impulsar el acceso a la conectividad con una lógica de derechos e intervención pública más allá de la de la carga para operadores privados.
Los esfuerzos públicos son esenciales para atender entornos donde los actores comerciales tienen poca capacidad o incentivos para conectar a las comunidades. Las estrategias de política regulatoria deben habilitar la inversión, y las políticas públicas deben profundizar el acceso a internet mediante proyectos y programas específicos que alivian los desafíos de dichas localidades. La participación de organizaciones sociales y no gubernamentales, bien encausada, podría representar una posibilidad para la conectividad.
En este sentido es importante preguntarse ¿cómo se pueden mejorar las estrategias y la cooperación intersectorial para cerrar las brechas? En su investigación, María Soledad Segura, Anna Valeria Prato y Bianca Nadina De Toni, evalúan la manera en que la ejecución de proyectos y estrategias de conectividad por parte de entidades sociales no lucrativas incide en el impacto de las políticas nacionales y locales. Además, esbozan qué tipo de política estatal y estrategia de intervención social resulta más efectiva para garantizar el derecho a la conectividad de sectores populares.
Por otro lado, Emiliano Venier analiza las condiciones diferenciales de acceso a internet en las comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina. El autor utiliza a las comunidades de esta provincia como un caso de estudio para evaluar las dimensiones en las que la cobertura, calidad de servicio, asequibilidad y equipamiento son diferentes entre poblaciones indígenas y no indígenas. El artículo nos presenta los rezagos de la agenda de conectividad en las zonas más alejadas de la región y en poblaciones con desigualdades estructurales históricas. Poner el relieve en estas brechas y estos pendientes nos permite reconocer las particularidades de ciertas comunidades, con el objetivo de desarrollar mejores políticas públicas para atenderles.
Desde sus fundamentos de infraestructura y hasta los esfuerzos de última milla para conectar comunidades y cerrar brechas de cobertura y uso, la política pública y regulatoria en materia de conectividad se enfocan en los retos actuales para llegar a más personas. Esto plantea una serie de preguntas sobre el rol del Estado una vez que existe acceso a servicios de internet. Es decir, cuando existe cobertura de servicios y capacidad para contratarlos por parte de los usuarios, los reguladores sectoriales tienen una responsabilidad para procurar el correcto funcionamiento del mercado, tanto para usuarios que buscan calidad en el servicio y para operadores regulados, con los cuales debe existir diálogo para hacer más eficientes las normativas y con mayor efectividad en materia de cumplimiento por parte de oferentes de servicios de conectividad.
Los autores Luciano Charlita de Freitas, Márcio Iório Aranha, Artur Coimbra de Oliveira y Ronaldo Neves Moura Filho abordan en su artículo la experiencia de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil en la conceptualización, implementación y eficiencia de diversos instrumentos regulatorios relacionados con el monitoreo de las telecomunicaciones en materia de servicio al cliente. Para ello, exploran la manera en que ANATEL ha incorporado técnicas de regulación responsiva en su catálogo de normativas, y mediante un análisis envolvente de datos (DEA por sus siglas en inglés) ofrecen mediciones de su eficiencia para reducir quejas por parte de usuarios. Su argumento parte de la necesidad de retomar la regulación responsiva como un enfoque clave para incrementar el diálogo entre reguladores y entes regulados, poner énfasis en la adaptabilidad de las regulaciones y no únicamente en el comando, control y sanción de conductas en el mercado.
Por último, en la cadena del ecosistema digital nos encontramos con el componente de uso y aprovechamiento del acceso a internet y de diversas herramientas tecnológicas para la conectividad. La cobertura y el acceso no son suficientes para detonar el potencial de la transformación digital. Los usuarios, las comunidades y los sectores productivos necesitan darle un uso benéfico y de valor social y económico para cosechar desarrollo. Sin embargo, el ecosistema de servicios digitales y la gobernanza de plataformas y aplicaciones contienen sus propios retos regulatorios y de implementación.
Uno de los aspectos más reconocidos del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas se encuentra en la capacidad del ciudadano de conectarse con sus gobiernos. Lucía Andrea Díaz nos presenta un trabajo sobre el caso de Bahía Blanca, Argentina, donde expone la correlación entre la apertura gubernamental a través de estrategias de gobierno abierto y gobierno electrónico, y el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Aunque los usuarios del gobierno y servicios digitales acceden a beneficios por relacionamiento con sus autoridades, existen niveles de involucramiento y factores que influyen en la profundidad de estas estrategias de gobierno abierto. Así la autora problematiza la utilidad y participación de ciudadanos en las herramientas digitales para generar mejoras gubernamentales.
Por último, existe un nivel más en el aprovechamiento de la conectividad, incluso para el desarrollo de habilidades digitales en el entorno educativo, cultural o económico, así como la intersección del ecosistema digital y aspectos regulatorios como la protección de derechos de autor, propiedad intelectual, derechos laborales, protección de audiencias y regulación de mercados en el entorno digital.
Un ejemplo de esto se encuentra en el trabajo de Velia Sevilla, Keny Alexander y Daniel Barría Yorins, quienes presentan un análisis sobre la relación entre derechos de propiedad intelectual, derechos humanos y los desafíos que enfrentan los creadores de contenido en plataformas como OnlyFans. El marco legal bajo el que operan los emprendedores digitales tiene implicaciones sustantivas para el desarrollo del entorno de negocios en el ecosistema en línea, y existe aún poco análisis sobre las implicaciones de protecciones insuficientes a la propiedad intelectual en contextos y mercados de contenido explícito.
En conclusión, esta edición retoma una serie de artículos y ensayos sobre casos de estudio muy específicos que apuntan hacia las necesidades de intervención de los Estados en distintos ensambles de la cadena de valor del ecosistema digital, desde la infraestructura básica hasta la protección de derechos de usuarios, pasando por la regulación de mercados de telecomunicaciones y el cierre de brechas de conectividad.
Los trabajos presentados sugieren que, en materia de conectividad y ecosistema digital, el rol de los Estados y los gobiernos en América Latina continúa siendo fundamental para atender problemas en toda la cadena de valor. En algunos casos las autoridades deberán abordar temas añejos con enfoques nuevos, en otros tendrán que atender las necesidades normativas y de política pública impuestas por tecnologías emergentes. También tendrán que ser creativos y eficientes para lograr cerrar las brechas digitales, habilitar el entorno para la inversión en redes, e impulsar el correcto aprovechamiento social y económico de las plataformas digitales, con respeto a los derechos de sus usuarios.
El reto del Estado será entonces adaptarse, innovar y ser visionarios en la manera en la que intervendrán en el ecosistema digital. Al mismo tiempo atender los riesgos de rezagos en objetivos de conectividad, mientras se atienden nuevas problemáticas. El debate sobre la política pública y regulatoria debe continuar para ofrecer herramientas y conocimiento al debate digital de América Latina.
